El Gobierno de Canarias pretendía en la reunión del pasado 23 de febrero culminar su intento de lograr la “paz social” y "corresponsabilidad” de todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Empleados Públicos, plasmándolo en un acuerdo entre las partes con el que volver a dar una vuelta de tuerca a los empleados públicos en relación a sus derechos. Sin escrúpulos ninguno volvieron a usar el crédito horario sindical como instrumento coaccionador, no consiguiendo su objetivo ésta vez, al chocar con la firme oposición de Intersindical Canaria, secundada por SEPCA (ello ante la consternada desesperación de unos atribulados “negociadores” de CCOO y UGT, que se las veían de antemano muy felices, tras haber firmado con los ojos cerrados un pre-acuerdo con el Gobierno desde Diciembre del año pasado)...
El 23 F no deja de ser un día señalado en la historia; no sólo se le reconoce por un fallido intento de golpe al Estado español, sino que además se trata de un día en el que algunas organizaciones sindicales se quitan el antifaz y dejan al descubierto sus verdaderas preocupaciones. Así, pudimos escuchar al representante de CCOO en un intento desesperado por convencer a Intersindical canaria para la firma del documento, plantear la necesidad de una “profunda reflexión” sobre la ventaja del acuerdo firmado por su Organización y UGT el pasado 23 de diciembre: “el logro de aquel Acuerdo se tradujo en que los empleados públicos han podido disfrutar dos meses más de sus representantes sindicales”, espetó sin que se le cayera la cara de vergüenza.
Al parecer, todo un avance para esa organización sindical, que prioriza este derecho sobre otros a nivel laboral y social que han sido arrebatados a los empleados públicos y a los ciudadanos en los últimos años, los cuales siempre han sido justificados en el contexto de la situación económica actual por el gobierno y las propias organizaciones sindicales colaboradoracionistas. Han olvidado que una y otra vez han ido lesionando los derechos de los mismos, haciéndose efectivas reformas tales como la de las pensiones, reforma laboral, etc…
Intersindical Canaria una vez más reafirmó su profundo rechazo a la firma de este acuerdo, entendiendo que no existe voluntad negociadora por parte del gobierno, demostrándose que el estilo que los define es la imposición y no la negociación. Dejando claro igualmente, que no se prestará al sucio juego del chantaje, y que siempre estará dispuesta a participar en una negociación real y efectiva dónde se repare el daño ocasionado a los empleados públicos, recuperando los derechos legalmente establecidos en pactos y acuerdos desde hace años entre la administración pública y las organizaciones sindicales que unilateralmente el gobierno de canarias ha dejado sin efecto.
Se constata que la estrategia de la Administración ha sido la convocatoria de reuniones estratégicamente diseñadas para la búsqueda de la tan ansiada “paz social” en época preelectoral, intentando que todas las organizaciones sindicales en su conjunto “piquen el anzuelo” y entren en el perverso trueque de “liberaciones sindicales a cambio de derechos laborales”, y encontrándose con el rechazo de nuestra Organización Sindical.
*Intersindical Canaria.
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