EL OPACO HISTORIAL DE LA EMPRESA DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS

Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria S.A. presentan un preaviso de huelga general indefinida

Intersindical Canaria califica a Miguel Ángel Ramírez como un "empresario sin escrúpulos" y lo acusa de "incendiar" el sector de la Seguridad Privada

"LA situación en esta empresa ha llegado a ser absolutamente insoportable. Si nos despiden que nos despidan, pero ya no es posible continuar soportando en silencio tanto abuso sin reaccionar". Con esta contundencia se pronunciaba uno de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria consultado por la revista digital "Canarias-semanal" que, sin embargo, solicitaba no ser identificado como el autor de una frase que resume bien - nos asegura - "el sentir de la gran mayoría de los empleados de Miguel Ángel Ramírez".

Miguel Ángel Ramírez en una intervención pública con motivo de uno de los “derbis” Ud Las Palmas- U.D. Tenerife. 
Al fondo, su homólogo en el club tinerfeño Miguel Concepción

Aunque la precariedad laboral que sufren los guardias de seguridad en la empresa del presidente de la UD. Las Palmas puede provocar que cualquier protesta se traduzca en un despido casi inmediato, el conflicto ha terminado por estallar con la presentación de un preaviso de huelga indefinida a partir del 15 de marzo de 2011 a las 00:00 horas, que afecta a todos  los trabajadores  adscritos al Servicio de Seguridad y Vigilancia subcontratados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un colectivo compuesto por 60 personas que denuncia "el incumplimiento  flagrante del vigente Convenio Estatal de Seguridad Privada, de las obligaciones económicas de la empresa y la incoación abusiva de expedientes disciplinarios a los miembros del Comité de Empresa en el centro de trabajo de la ULPGC, por el simple hecho de reclamar lo que está estipulado legalmente para los trabajadores”."Ya nos despiden de manera injustificada, así que poco más podemos perder" - afirma nuestra fuente.

Además de esta huelga, la mayor parte de los sindicatos con representación en el sector han convocado concentraciones diarias frente al edificio del rectorado de la ULPGC, con las que quieren dar a conocer "los atropellos constantes que - dicen - comete la empresa Seguridad Integral Canarias contra sus trabajadores". Asimismo, en la mañana del pasado martes 15 de marzo se celebraba otra concentración junto a la Audiencia Provincial de Las Palmas para protestar "por los despidos e incumplimiento de los convenios colectivos en la subcontrata de los servicios de seguridad y vigilancia de los Edificios de Justicia”.

Y es que - según han denunciado en reiteradas ocasiones estos sindicatos - los motivos que han terminado por provocar el mencionado preaviso de huelga forman parte del  "modus operandi" de esta empresa desde hace muchos años y afectan, por tanto, al conjunto de su plantilla.  “El continuo desprecio hacia sus trabajadores, a los cuales no se les reconocen sus derechos y se les niegan el abono de antigüedades, pluses, horas extras, etc. son habituales - sostienen - así como la imposición de horarios que impiden conciliar la vida laboral y familiar y un trato con los superiores marcado por continuas amenazas y coacciones”.

El pasado 1 de febrero, en una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede de Intersindical Canaria, portavoces de esta organización, de  CC.OO., UGT y USO expresaban  su "más absoluta repulsa" ante los actuaciones que Seguridad Integral Canaria está realizando contra sus trabajadores a los que  -afirmaban - "deja en total indefensión con despidos abusivos y alegaciones que no se sostienen". En esta rueda de prensa, las cuatro centrales sindicales hacían público que desde principios del mes de diciembre de 2010 Seguridad Integral Canaria, alegando una  "insostenible falta de liquidez",  ha venido despidiendo a una cantidad masiva de trabajadores. "Muchos de estos despidos - según los datos suministrados por los portavoces sindicales - están  sujetos actualmente a acciones y resoluciones judiciales, al entenderse que podrían ser improcedentes o nulos, ya que a la vez que se despide a unos empleados a otros les amplían los contratos". "Aquellos trabajadores que se han atrevido a manifestar su malestar por el sistemático incumplimiento del convenio colectivo – aseguran desde estas centrales sindicales - han sufrido las amenazas de la empresa y la comunicación expresa de que en caso de reclamación serían inmediatamente despedidos".

Según expusieron entonces los portavoces de las cuatros organizaciones sindicales, los trabajadores que no han sido despedidos   "han observado una reducción en sus salarios, justificada también desde la dirección de la empresa por su supuesta “falta de liquidez provocada por la crisis económica”. Una excusa que para sindicatos y trabajadores resulta insostenible ya que - afirman-"hemos podido constatar que, al mismo tiempo que la dirección de la empresa realiza estas reducciones destina una importante partida económica a sufragar los gastos de los despidos  masivos que está efectuando". "Es de suponer  - aseguran - que con  la reducción salarial que casi 2000 trabajadores sufrieron en sus nóminas de enero la empresa buscaba que ellos  financiaran sus propios despidos”.

En comunicado emitido este miércoles 16 de marzo, Intersindical Canaria abundaba en esta denuncia, acusando al empresario Miguel Ángel Ramírez de "incendiar" el sector de la Seguridad Privada en Canarias.  "Lo que no tiene nombre y contraviene cualquier consideración mínimamente ética - sostienen desde este sindicato -  es el hecho de que el señor Ramírez dueño de una empresa que despide trabajadores a diestra y siniestra, incumple los convenios, y persigue a los representantes sindicales; alegue como justificación los problemas económicos en que se encuentra al tiempo que gaste ingentes sumas de dinero en presentar a su hija como candidata a reina del carnaval de Las Palmas". "La fastuosa carroza en la que ésta se paseó recientemente publicitando a Seguridad Integral Canarias contrasta escandalosamente con la con la situación de las familias de aquellos trabajadores que ha echado a la calle en esta y en las otras empresas que dirige".Consideramos -dicen – “que el señor Ramírez debería reflexionar sobre el hecho de que con lo que  le ha costado a la empresa dar de beber a sus amigos en la cabalgata y que su hija quede en el puesto once entre once participantes hubiera podido pagar meses de salarios a los trabajadores despedidos. En tiempos de crisis, las  familias canarias no están para soportar la frivolidad y las mentiras de empresarios con pocos escrúpulos".

EL OSCURO HISTORIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CANAR

La empresa de Miguel Ángel Ramírez acumula, en efecto, un largo historial de sobreexplotación de sus trabajadores, irregularidades y vulneración de derechos laborales. En el año 2006,  los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Canaria  denunciaron que Seguridad Integral Canaria no sólo vulneraba reiteradamente la Ley de Seguridad Privada y quebrantaba la legislación laboral, sino que cometía fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Así lo comunicaron, por aquellas fechas, al entonces presidente del Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, al Diputado del Común, la Fiscalía de Menores, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas.

Sin embargo,  las buenas relaciones del presidente de la UD Las Palmas no sólo han posibilitado su más absoluta impunidad, sino también el sistemático apoyo a su empresa de las instituciones regionales. Según la  Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias (Aproser/Canarias) Seguridad Integral Canaria goza de un trato de favor por parte del Ejecutivo regional. De acuerdo a los datos aportados por Aproser/Canarias, esta Sociedad Anónima, creada en 1995, acapara alrededor del 80% por ciento del gasto en seguridad de la Administración autonómica y es adjudicataria del servicio de escoltas del Gobierno.

Para obtener estas concesiones no constituyeron ningún obstáculo las reiteradas denuncias que ha recibido Seguridad Integral Canaria por contratar personal sin la titulación exigida, para aumentar el margen de beneficios pagando salarios más bajos que los establecidos para los agentes de seguridad cualificados.  La contratación de  “educadores” con antecedentes penales para Centros de Menores o la apertura de  expedientes a los trabajadores que se han atrevido a defender sus derechos laborales son otros de los méritos que atesora esta empresa.

*Eugenio Fernández- Canarias-semanal