El STEC-IC rechaza la agresión a los derechos sindicales y los chantajes realizados por el Gobierno Canario*

La Asesoría Jurídica del sindicato tiene el encargo de presentar una demanda judicial en materia de Tutela de los Derechos Fundamentales

El Consejo Nacional del STEC-IC denuncia el ataque a los derechos sindicales protagonizado por el Gobierno autonómico de Canarias, y que se ha concretado en la ilegal retirada del derecho al uso del crédito horario que corresponde a cada Sindicato en función de su representatividad, tal como se contempla en la normativa reguladora y los Acuerdos de mejora vigentes, y Pactos con fuerza de normas legales que han sido conculcados unilateralmente por el Gobierno a causa de nuestra oposición a plegarnos a la dinámica de imposiciones protagonizada por la representación del Gobierno de Canarias, encabezada por el Consejero José Miguel Ruano, en el proceso de negociaciones en curso en la Mesa General de Empleados Públicos.

Como se ha concretado en la práctica, la amenaza gubernamental de desconocer los derechos sindicales básicos en lo referido al uso del crédito horario que en derecho nos corresponde (en la cantidad prevista en los Acuerdos sindicales vigentes hasta la fecha), el Secretariado Nacional del STEC-IC denuncia públicamente el carácter crecientemente autoritario y antidemocrático del Gobierno autonómico de Canarias, que ha venido utilizando como instrumento de chantaje la retirada de los derechos fundamentales que como Sindicato nos corresponden, con la intolerable pretensión de coaccionarnos a firmar acuerdos de “paz social” que nos aten a la hora de denunciar u oponernos a las medidas que puedan seguir adoptando contra los intereses de las y los docentes a quienes representamos, y de la Enseñanza Pública canaria a la que nos debemos...

El STEC-IC quiere hacer llegar al conjunto de las y los docentes a quienes representamos, y al propio Gobierno autonómico, un mensaje de coherencia y firmeza en nuestros principios: nosotros no transigimos en materia de derechos laborales a cambio de “prebendas”. El STEC-IC exige que se respeten los derechos conquistados, también en materia sindical, sin tolerar “mercadeos” de tipo alguno.

    

El STEC-IC denuncia también, de forma pública y enérgica, el papel de "comparsas" que están haciendo en todo este proceso CCOO y UGT, quienes se han prestado desde el primer momento a ejercer de quintacolumnistas dentro de la Mesa Negociadora. Su actitud profundiza en los efectos perniciosos de la aplicación del EBEP, cuya aprobación en su momento apoyaron en Madrid. Desde el STEC-IC se hace un llamamiento a estas organizaciones sindicales para no continuar en esta negativa línea de actuación que se orienta hacia la clara privatización de los Servicios Públicos y al retroceso de los derechos laborales de los Empleados Públicos de Canarias. A la par que nos congratula el saber que se han sumado desde ayer a esta denuncia que desde hace tiempo venimos planteando: no aceptar los chantajes ni las posibles dádivas a cambio de una paz social sin condiciones.

La Asesoría Jurídica del STEC-IC tiene el encargo de presentar una demanda judicial en materia de Tutela de los Derechos Fundamentales, basada en las siguientes pretensiones: que se revoque y deje sin efecto la decisión del Gobierno de retirar y romper unilateralmente unos Acuerdos sindicales que tienen fuerza de Ley y que mejoraban la previsión “de mínimos de derecho necesario” contenida en el EBEP. Que se declare que dicha retirada unilateral es desajustada a derecho y atentatoria a nuestro derecho a la libertad sindical por cuestiones de forma y fondo. Que se condene a la Administración al pago de las indemnizaciones que en derecho correspondan al STEC-IC, en función de los daños y perjuicios que pueda causar el comportamiento antisindical impugnado.

De igual modo, el Secretariado Nacional del STEC-IC está estudiando la posibilidad de instar procedimientos penales (querellas o denuncias judiciales) en materia de delito social, contra los funcionarios o autoridades que resultaren responsables individualmente de la conculcación de derechos fundamentales.

    

El STEC-IC se considera en la obligación de no admitir retrocesos en los derechos laborales de los trabajadores, que en estos momentos peligran porque, con la excusa de la crisis, el Gobierno, siguiendo los planteamientos más salvajes del neoliberalismo, los quiere eliminar.

*RSB