La Consejería de Sanidad atenta contra la salud de las y los trabajadores canarios*

Esto es lo que nos anunciaban en 2001

...10 años después, este es el estado actual de las obras del Hospital del Sur de Tenerife (sobre el estado del  tan cacareado proyecto del Hospital del Norte, ya hablaremos en otra ocasión, si les parece)

En una maniobra que tiene muy mal aspecto y peor olor, y contra el criterio de los propios órganos de fiscalización internos de la Administración, sin encomendarse además a dios ni al diablo, la titular de Sanidad del Gobierno autonómico (miembro del PP), una vez se había decidido la salida de su Partido del Ejecutivo de Coalición, se apresuró a repartir más de 110.000.000 de las antiguas pesetas entre el personal médico y administrativo (unas cien personas) que se habían avenido a participar de forma activa (en muchos casos, con entusiasmo digno de mejor y más nobles causas) en la campaña de “control” y vigilancia (percibida por gran parte de los usuarios como auténtico acoso y persecución) a trabajadoras y trabajadores de baja por I.T., muchos de los cuales fueron injustamente dados de Alta médica…




El Servicio Canario de la Salud abonó complementos de productividad a personal médico y administrativo (más de un centenar de personas), por un montante global de 662.841,43 euros.

Dicha cantidad es fruto de un acuerdo firmado el 22 de junio de 2009 entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por el que se acordaba ejecutar un programa específico que tiene para “estudiar el comportamiento de los procesos de incapacidad temporal” de las/los trabajadores canarios.

Es evidente que dicho acuerdo tiene como objetivo la disminución, en determinadas patologías no laborales, tanto del número de bajas emitidas como de su duración, de manera que entre estos profesionales, quien más reduzca su volumen, más cobra.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que el Gobierno de Canarias  vuelve a aplicar una medida economicista y antisocial que busca el ahorro por encima de la prestación social a que nuestra legislación da derecho en función de la protección a la situación de enfermedad.

Esta medida ha sido tomada a espaldas de los principales colectivos implicados, sin criterios de racionalidad o mejora de calidad y supone un ataque a la equidad  en la prestación. El resultado de esto no va a ser otro que un deterioro aun mayor de la atención sanitaria a los trabajadores (el reposo es una medida terapéutica muchas veces imprescindible en el proceso de curación o mejoría de la enfermedad), especialmente a los más vulnerables económicamente, y crea un conflicto ético en la práctica profesional.

Por otro lado, rechazamos una vez más el progresivo proceso de privatización de la atención sanitaria en Canarias, puesto de nuevo llamativamente de manifiesto en la prensa, en lo que se refiere a las masivas derivaciones a centros privados tanto concertados como no concertados. Ya se sabía que la puntilla de los recortes presupuestarios y el consiguiente colapso de la sanidad pública iba a justificar “para resolver las dolencias de los pacientes” la barra libre para el negocio de la sanidad privada.

Deseamos que la ciudadanía reaccione y, ahora que la lucha en la calle está logrando alcanzar un prestigio televisivo extraordinario, nos apliquemos el cuento antes de que sea demasiado tarde.

*Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias