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| Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: tras la bandera de la Metrópoli (siempre destacada) se esconde un océano de corruptelas |
RAS la Denuncia de José Pérez Ventura, de Justicia y Sociedad, la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha presentado denuncia, en principio por un presunto delito de prevaricación, que recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz. En la denuncia de José Pérez Ventura se apunta la presunción de otras figuras delictivas, como tráfico de influencias, al vaciar de contenido las funciones de una funcionaria de carrera que ganó un puesto por concurso, para favorecer a una funcionaria interina. Según José Pérez Ventura, esto sucede en un Ayuntamiento altamente "marbellizado" con "un alcalde y concejales altamente competitivos a la hora de generar imputaciones judiciales".La denuncia, a la que ha tenido acceso SB-Noticias, ha podido salpicar al entonces concejal de RR.HH. Ángel Salvador Llanos, uno de los 4 concejales que desempeñaron dicha concejalía en el mandato pasado, caracterizado por las idas y venidas del Grupo Municipal del Partido Popular, que entonces comandaba el “Pibe de Ofra”, quien cuando se quedaba sin sueldo y coche oficial llegaba desde decir “ahora el Ayuntamiento se gobierna desde Las Teresitas”, hasta jurar nuevamente amor eterno (político, of course) a Miguel Zerolo, cuando le reabrió las puertas del pesebre, llegando a votar (primero con la nariz tapada y después sin tapar) el PGO de Coalición Canaria.
La participación de Ángel Llanos en el procedimiento de “acoso y derribo” a una funcionaria de carrera cuyo único delito fue ganar limpiamente un puesto por concurso que políticamente se quería reservar para una funcionaria interina con un perfil más “adecuado” hacia “El Régimen”, se debería presunta y coyunturalmente a que firmó el decreto encomendando una Comisión de Servicios Forzosa a la funcionaria de carrera, algo no permitido por Ley, durante uno de sus fugaces y esquizofrénicos pases por el equipo de gobierno municipal, siempre antes de reincorporarse definitivamente a su puesto de trabajo en la Coca-Cola tras un "echadero" provisional en El Parlamento de Canarias. Una fuente sindical consultada por SB-Noticias declinó hacer cualquier tipo de manifestación, salvo que se pasó a la “Pepsi” en cuanto tuvo conocimiento de que Ángel Llanos volvió a su antiguo puesto de trabajo.
El caso denunciado por José Pérez Ventura, junto al “Caso Lerena” y el más reciente “Caso Asesora”, vienen a poner en evidencia la política de RR.HH. del Ayuntamiento de Santa Cruz. Los sindicatos que componen la Junta de Personal han pedido en varias ocasiones el Cese de la Directora General de RR.HH. Nieves Pérez Marichal, quien también dejara un amargo recuerdo tras su paso por el Cabildo Insular donde ostentó un cargo similar, aunque la petición no fue atendida por Miguel Zerolo pese a que razones no les faltaban a los sindicatos.
Baste recordar que el “Caso Lerena” consistió en que un empresario “colocó” a una trabajadora suya que hacía sus funciones en el edificio de la Gerencia de Urbanismo en tareas asimilables a la de un funcionario de carrera. Finalmente la trabajadora pidió que el Ayuntamiento la hiciera personal laboral fijo. El esperpento administrativo surge cuando RR.HH. desestimó su petición por Silencio Administrativo pero al mismo tiempo no tomó medidas ni dispuso que abandonase el "puesto de trabajo" municipal por cuenta ajena. También el reciente “caso asesora”, en el que una Sra. cuya actividad profesional se ha centrado durante largo tiempo en desempeñar distintos cargos de personal eventual (labores de asesoramiento) pretende que se le haga personal laboral indefinido invocando la figura de Fraude de Ley, pues cobraba con cargo al presupuesto de la Gerencia de Urbanismo y realmente hacía tareas administrativas, según su propia versión, en la Oficina de Distrito de Ofra. Al menos, el Caso Lerena, terminó en los juzgados.
Recomendamos la lectura de la denuncia de José Pérez Ventura, que adjuntamos en formato PDF, es casi una novela negra no exenta de un fino toque de humor, pues llega a decir “Por último, reiterar una vez más, que denuncias como la presente se producen en el contexto de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un alcalde y concejales altamente “competitivos” a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo uno de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción: caso Las Teresitas (con plusvalías en torno a 120 millones de euros e imputado el Alcalde, varios concejales, funcionarios, técnicos y empresarios favorecidos), caso Forum Filatélico en su trama canaria (con imputación del Alcalde por supuestamente haber podido recibir un soborno de 3 millones de euros destinado a la financiación ilegal de Coalición Canaria), caso Mamotreto, caso Parque Marítimo y ocio nocturno, caso Centro Canario Nacionalista-CCN (por financiación ilegal), caso Lerena, o en proceso de investigación como caso García Cabrera (con una afectación al erario público de unos 6 millones de euros). No es de extrañar, por tanto, que el alcalde y varios concejales de esta ciudad sean conocidos habituales de esa Fiscalía Provincial así como de la Delegada de la Fiscalía Anticorrupción.
Es evidente, que los funcionarios de carrera que se han accedido a su puesto de forma honesta, por sus propios méritos y su propia capacidad, sin deberle nada a nadie y cuya actuación está sujeta a la única “servidumbre del imperio de la Ley y el Derecho” resultan molestos en una administración como el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife altamente infiltrada por las prácticas y la “subcultura” de la corrupción. Aquí reside el nudo gordiano de la cuestión. Es así de sencillo. De ahí la necesidad, dada la gravedad de lo acontecido y el efecto preventivo que puede tener de futuro, de que se articule una respuesta penal adecuada que evite se reproduzcan este tipo de conductas que vacían de contenido, nada más y nada menos, que a la propia Constitución”.
Razones no le faltan.
*SB-Noticias
La participación de Ángel Llanos en el procedimiento de “acoso y derribo” a una funcionaria de carrera cuyo único delito fue ganar limpiamente un puesto por concurso que políticamente se quería reservar para una funcionaria interina con un perfil más “adecuado” hacia “El Régimen”, se debería presunta y coyunturalmente a que firmó el decreto encomendando una Comisión de Servicios Forzosa a la funcionaria de carrera, algo no permitido por Ley, durante uno de sus fugaces y esquizofrénicos pases por el equipo de gobierno municipal, siempre antes de reincorporarse definitivamente a su puesto de trabajo en la Coca-Cola tras un "echadero" provisional en El Parlamento de Canarias. Una fuente sindical consultada por SB-Noticias declinó hacer cualquier tipo de manifestación, salvo que se pasó a la “Pepsi” en cuanto tuvo conocimiento de que Ángel Llanos volvió a su antiguo puesto de trabajo.
El caso denunciado por José Pérez Ventura, junto al “Caso Lerena” y el más reciente “Caso Asesora”, vienen a poner en evidencia la política de RR.HH. del Ayuntamiento de Santa Cruz. Los sindicatos que componen la Junta de Personal han pedido en varias ocasiones el Cese de la Directora General de RR.HH. Nieves Pérez Marichal, quien también dejara un amargo recuerdo tras su paso por el Cabildo Insular donde ostentó un cargo similar, aunque la petición no fue atendida por Miguel Zerolo pese a que razones no les faltaban a los sindicatos.
Baste recordar que el “Caso Lerena” consistió en que un empresario “colocó” a una trabajadora suya que hacía sus funciones en el edificio de la Gerencia de Urbanismo en tareas asimilables a la de un funcionario de carrera. Finalmente la trabajadora pidió que el Ayuntamiento la hiciera personal laboral fijo. El esperpento administrativo surge cuando RR.HH. desestimó su petición por Silencio Administrativo pero al mismo tiempo no tomó medidas ni dispuso que abandonase el "puesto de trabajo" municipal por cuenta ajena. También el reciente “caso asesora”, en el que una Sra. cuya actividad profesional se ha centrado durante largo tiempo en desempeñar distintos cargos de personal eventual (labores de asesoramiento) pretende que se le haga personal laboral indefinido invocando la figura de Fraude de Ley, pues cobraba con cargo al presupuesto de la Gerencia de Urbanismo y realmente hacía tareas administrativas, según su propia versión, en la Oficina de Distrito de Ofra. Al menos, el Caso Lerena, terminó en los juzgados.
Recomendamos la lectura de la denuncia de José Pérez Ventura, que adjuntamos en formato PDF, es casi una novela negra no exenta de un fino toque de humor, pues llega a decir “Por último, reiterar una vez más, que denuncias como la presente se producen en el contexto de un Ayuntamiento “marbellizado” como el de Santa Cruz de Tenerife con un alcalde y concejales altamente “competitivos” a la hora de generar imputaciones judiciales por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, siendo uno de las capitales del Estado con mayor porcentaje de ediles imputados por causas judiciales abiertas en casos de grave corrupción: caso Las Teresitas (con plusvalías en torno a 120 millones de euros e imputado el Alcalde, varios concejales, funcionarios, técnicos y empresarios favorecidos), caso Forum Filatélico en su trama canaria (con imputación del Alcalde por supuestamente haber podido recibir un soborno de 3 millones de euros destinado a la financiación ilegal de Coalición Canaria), caso Mamotreto, caso Parque Marítimo y ocio nocturno, caso Centro Canario Nacionalista-CCN (por financiación ilegal), caso Lerena, o en proceso de investigación como caso García Cabrera (con una afectación al erario público de unos 6 millones de euros). No es de extrañar, por tanto, que el alcalde y varios concejales de esta ciudad sean conocidos habituales de esa Fiscalía Provincial así como de la Delegada de la Fiscalía Anticorrupción.
Es evidente, que los funcionarios de carrera que se han accedido a su puesto de forma honesta, por sus propios méritos y su propia capacidad, sin deberle nada a nadie y cuya actuación está sujeta a la única “servidumbre del imperio de la Ley y el Derecho” resultan molestos en una administración como el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife altamente infiltrada por las prácticas y la “subcultura” de la corrupción. Aquí reside el nudo gordiano de la cuestión. Es así de sencillo. De ahí la necesidad, dada la gravedad de lo acontecido y el efecto preventivo que puede tener de futuro, de que se articule una respuesta penal adecuada que evite se reproduzcan este tipo de conductas que vacían de contenido, nada más y nada menos, que a la propia Constitución”.
Razones no le faltan.
*SB-Noticias
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