Aunque el Pleno de este jueves no ha votado el conjunto de la norma, sino sólo las enmiendas de la Cámara Alta, los portavoces del PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD han recalcado su posición contraria al global de una reforma que, a su juicio, supone un recorte de las pensiones y los derechos de los trabajadores, al tiempo que no garantiza la sostenibilidad de la Seguridad Social.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, negó que la norma suponga "ningún recorte" y ha "garantizado que las prestaciones serán más altas en 2027", cuando entren plenamente en vigor estos aspectos. Es más, según sus particulares cálculos, más adelante, a partir de 2040 o 2050, las pensiones seguramente se "triplicarán e incluso más", pese a que habrá 18 millones de pensionistas.
Asimismo, recalcó que estos aspectos de la norma vienen avalados tanto por los "agentes sociales" como por el propio Parlamento, a través del Pacto de Toledo, y contemplan un plazo de 15 años, entre el 1 de enero de 2013 y 2027 para introducir progresivamente los cambios.
A cambio de su apoyo, la derechista CiU ha conseguido que el Gobierno traspase a las comunidades los edificios propiedad de la Seguridad Social dedicados a asistencia sanitaria pero que eran gestionados por las administraciones autonómicas. En el caso de Catalunya, afectaría a 150 edificios dedicados a asistencia sanitaria, que piensa enajenar (vender) a particulares.
En cualquier caso, los elementos principales de la norma, que responden al acuerdo suscrito entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado mes de febrero, no entrarán efectivamente en vigor hasta 2013, momento a partir del cual se dará un horizonte de 15 años para elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en 2027.
ERES de grandes empresas con beneficios
Además, incorpora una disposición que obliga a las empresas que hayan tenido beneficios en los dos últimos años a realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) a partir del pasado 27 de abril que afecten a trabajadores mayores de 50 años a efectuar una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
La particularidad es que esta modificación entrará en vigor después de que el Ministerio de Trabajo haya autorizado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica para 6.500 trabajadores en el periodo 2011-2013 con un coste por desempleo de 350 millones de euros, que abonará en su totalidad la multinacional española.
*FUENTE: Kaos en la Red
Además, incorpora una disposición que obliga a las empresas que hayan tenido beneficios en los dos últimos años a realizar expedientes de regulación de empleo (ERE) a partir del pasado 27 de abril que afecten a trabajadores mayores de 50 años a efectuar una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
La particularidad es que esta modificación entrará en vigor después de que el Ministerio de Trabajo haya autorizado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica para 6.500 trabajadores en el periodo 2011-2013 con un coste por desempleo de 350 millones de euros, que abonará en su totalidad la multinacional española.
*FUENTE: Kaos en la Red
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