La Palma: Traumas sanitarios y aeroportuarios*

El gerente del Hospital debe aclarar “las cosas desconocidas y muy duras” que ocurren en el Hospital palmero

Hospial General de La Palma

A ampliación del aeropuerto palmero y la inauguración de su nueva terminal, ya fue objeto de somero análisis en esta misma sección el pasado mes de mayo. Planteábamos entonces nuestras serias reservas ante una inversión multimillonaria que, a la vista de algunas carencias sociales de primer orden en nuestra isla como la sanidad o la educación, suponían un dispendio para el contribuyente. Ya decíamos que estas sobredimensionadas obras e inversiones, resultaban tanto más incomprensibles cuando la oferta de las dotación aeroportuaria en relación con el número de viajeros, a medio plazo, estaban ya cubiertas, cuestión esta que certificábamos con cifras y datos. Otra cosa diferente es que frente a esta lapidación de dinero público, se hubiese estudiado la posibilidad de mejorar parcialmente las actuales instalaciones sin necesidad de incurrir en la faraónica e innecesaria infraestructura inaugurada ayer mismo por el Ministro Blanco y su amplio séquito de autoridades locales y foráneas...




Sirva la anterior introducción para adentrarnos en los entresijos de una nueva polémica en el ámbito de la sanidad pública que, de alguna u otra forma, también tiene que ver con el destino del dinero público, el salvaje recorte de presupuesto destinado a asegurar o mejorar la salud de los palmeros y con las ya endémicas carencias en este servicio público fundamental.

Por aquello del hermetismo informativo que práctica el Gobierno canario en la sanidad pública (hasta las lista de espera son materia reservada), desconocemos los orígenes exactos de la actual polémica existente entre el jefe del servicio de Traumatología del Hospital de La Palma, el gerente del centro sanitario y el director del Área de Salud de la Isla. Al menos ante la opinión pública, la polémica se ha presentado como fruto de las divergencias del Sr. Almenara con sus jefes en relación al número de las muchas actividades quirúrgicas que el traumatólogo pretende realizar y que no son del agrado de sus superiores, aunque para añadir mayor morbo al asunto, las razones esgrimidas por el jefe del servicio de Traumatología son posteriormente desmentidas por las autoridades sanitarias palmeras, llegando incluso el gerente del Hospital a afirmar que “hay cuestiones que no se conocen y son muy duras”.

El Sr. Izquierdo ha perdido una oportunidad de oro para hablar con mayor claridad sobre “las cosas” que, según afirma, son “muy duras”, y así librar de incertidumbres a la población palmera sobre que es exactamente lo que ocurre en el Hospital bajo su gestión, ello en la seguridad que lo que insinúa, muy probablemente guarde directa relación con el cómo y cuanto de las prestaciones sanitarias que el centro proporciona a los ciudadanos. Dicho más claramente, el gerente pudiese estar sugiriendo que el Sr. Almenara incumple su relación contractual o que sus actividades quiebran el código deontológico profesional, ante lo cual habría que preguntarle cómo es que aún no ha aplicado al susodicho galeno el régimen disciplinario legalmente previsto para estos casos, y en su defecto, la opción del médico de recurrir cualquier injusta sanción ante los tribunales de justicia.

Descartada la posibilidad anterior, la otra y única opción posible es que las diferencias con el Sr. Almenara, guarden relación con la actual campaña de recortes que sufre la sanidad pública, entre ellos, el cierre de camas, la reducción de actividades quirúrgicas y las restricciones en las contrataciones de plantilla que la sanidad pública necesita para su correcto funcionamiento. Estos salvajes e injustificados tijeretazos del Gobierno son aplicados al hospital palmero quebrando seriamente el derecho de la población a la salud, extendiéndose además en estos días al conjunto de hospitales públicos repartidos por toda la geografía de nuestro Archipiélago. Por ejemplo, el cierre de camas en el HUC de Tenerife -centro sanitario de referencia para La Palma-, ha llevado a una organización sindical a formalizar una denuncia contra el gerente del centro ante el estamento judicial por actuación temeraria y desasistencia a los pacientes.

En la hipótesis que las hostilidades hacia el traumatólogo tuviesen esos orígenes, se nos hace mucho más incomprensible entenderlo, puesto que las listas de espera en el Hospital palmero son excepcionalmente considerables, y de ellas, las referidas precisamente al área de traumatología son de auténtico escándalo. Sorprende además que, ante la carencia de especialistas en la Isla, se pretenda dejar en suspenso las actividades quirúrgicas de un traumatólogo bajo el pueril pretexto de no haber solicitado la renovación de su contrato o “comisión de servicio”.

Recapitulando: De haber rescatado la inversión ahora destinada innecesariamente a las desproporcionadas obras del Aeropuerto para dirigirla a la sanidad pública, hubiésemos puesto las lista de espera a cero, habríamos recuperado vidas evitando la cronificación de las enfermedades y los fracasos asistenciales, contaríamos con la necesaria cobertura de médicos y sanitarios que el sistema de salud palmero necesita, dispondríamos de las infraestructuras ahora en suspenso sine die por ausencia de financiación y hubiésemos rebajado considerablemente el número de desempleados en la isla al disponer de una importante oferta de trabajado en el sector sanitario.

*A vista de Graja (La Voz de La Palma)