Unos 200 indignados se congregaron pacíficamente para impedir el desahucio de la familia a las puertas de su vivienda, en Las Palmas de Gran Canaria, que "estaba literalmente tomada" por la Policía Nacional desde primeras horas de la mañana, a los que se unieron más tarde agentes de la Policía Local.
Los portavoces del acto de protesta explicaron que el desahucio se paró porque al llegar los secretarios judiciales a la vivienda, elevaron acta indicando que "no iban a hacer nada y que se iban porque había demasiada gente impidiendo el paso".
Asimismo indicaron que en la noche del martes, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contactó con una compañera de la plataforma para comunicarle que el Consistorio "se iba a hacer cargo del 75 por ciento del alquiler durante dos años pero también iba a buscarle un piso", del que se hará cargo el Ayuntamiento.
Tras comunicarle esta opción al propietario de la vivienda, "parece ser que ha aceptado".
En cuanto a la familia que se iba a desahuciar, está compuesta por dos mujeres, una de ellas sufre una minusvalía del 69 por ciento y la otra inquilina es una anciana de unos 80 años de edad, ambas "dependen de los servicios sociales".
De todos modos, independientemente de su situación personal, los portavoces del movimiento de protesta insisten en que "un desahucio es lo más denigrante que hay cuando todo el mundo tiene derecho a una vivienda".
Finalmente, apuntan que este es el primer desahucio que paran en Canarias "pero no el último" porque se prevé que próximamente se produzcan otros.
Los portavoces del acto de protesta explicaron que el desahucio se paró porque al llegar los secretarios judiciales a la vivienda, elevaron acta indicando que "no iban a hacer nada y que se iban porque había demasiada gente impidiendo el paso".
Asimismo indicaron que en la noche del martes, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contactó con una compañera de la plataforma para comunicarle que el Consistorio "se iba a hacer cargo del 75 por ciento del alquiler durante dos años pero también iba a buscarle un piso", del que se hará cargo el Ayuntamiento.
Tras comunicarle esta opción al propietario de la vivienda, "parece ser que ha aceptado".
En cuanto a la familia que se iba a desahuciar, está compuesta por dos mujeres, una de ellas sufre una minusvalía del 69 por ciento y la otra inquilina es una anciana de unos 80 años de edad, ambas "dependen de los servicios sociales".
De todos modos, independientemente de su situación personal, los portavoces del movimiento de protesta insisten en que "un desahucio es lo más denigrante que hay cuando todo el mundo tiene derecho a una vivienda".
Finalmente, apuntan que este es el primer desahucio que paran en Canarias "pero no el último" porque se prevé que próximamente se produzcan otros.
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