Miles de canarios obligados a subsistir con las ayudas de "Cáritas"

RES años después de que estallara la actual Crisis económica "el número de personas en situación de precariedad sigue en aumento". Así lo manifestaba la pasada semana Fátima Díaz, secretaria de organización de Cáritas Diocesana. La presentación pública de la memoria que cada año elabora esta institución ha venido a sumarse al resto de indicadores que desmienten, de forma contundente, que Canarias haya comenzado a superar la recesión económica tal y como asegurado el presidente del Gobierno autonómico Paulino Rivero.


Con una de las tasas de paro y pobreza más altas del Estado español y el conjunto de la UE, el escenario social del Archipiélago ha adquirido en los últimos años tintes verdaderamente dramáticos. "El creciente desempleo - aseguró el director de Cáritas Diocesana de Tenerife Leonardo Ruiz en la presentación de la citada memoria - hay muchas personas que han pasado de la de la vulnerabilidad a la pobreza". Los números, en efecto, confirman la existencia de un proceso de empobrecimiento que afecta a capas cada vez más amplias de las capas populares del Archipiélago. En la provincia de Las Palmas, por ejemplo. de las 11.432 personas que acudieron a los centros de Cáritas durante el 2010 3.969 - una de cada tres -lo hicieron por primera vez. Circunstancia que se vio agrabada con respecto al 2009 y que - según reconoció en rueda de prensaFatima Díaz - "demuestra que en cuestiones sociales las administraciones públicas no abarcan las necesidades reales". En este mismo sentido, Pedro Herranz, director de la organización en Las Palmas, aseguró que "el planteamiento asistencial que se viene ofreciendo por parte de los organismos especializados en políticas sociales es caduco e inútil".

Entre las ayudas que un número creciente de familias canarias se ven obligadas a solicitar a esta institución de beneficiencia destacan las alimenticias y las destinadas a afrontar pagos de vivienda y suministros a los que no pueden hacer frente. En junio de 2009, con este escenario en pleno desarrollo, el Gobierno autonómico, la patronal canaria y los
sindicatos CC.OO. y UGT suscribían un “Pacto Social por la Economía y el Empleo" que - según sus rubricantes - debería servir para comenzar a paliar los efectos de la recesión. En enero de 2011, el consejero de Economía del Ejecutivo autónomo,Jorge Rodríguez, manifestaba que se "habían puesto en marcha más del 90% de las medidas incluidas en el pacto en materia de economía y empleo" y que "éstas ya habían comenzado a dar sus frutos aunque no fueran una varita mágica ni la solución a la crisis". Los responsables de CCOO y UGT, en cambio, ponían en cuestión los resultados del pacto. "En el pasado ejercicio -manifestaba entonces el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge - el Gobierno planteó un recorte de 300 millones en el presupuesto de 2010 que era incompatible, por principios, con lo pactado. Y, a partir de ahí, ni las medidas de tipo social ni las económicas se han cumplido". La constatación de que el publicitado acuerdo no satisfizo ninguno de sus presuntos objetivos, sin embargo, no impidió que en abril ambas centrales sindicales reeditaran el Pacto con el Gobierno canario y las organizaciones patronales de ambas provincias.

*E.F., Redacción Canarias Semanal