domingo, 27 de noviembre de 2011

Un indulto infame*

Botín y Sáenz: dos pájaros de cuenta...

ALLÁ por el año 1994, cuando era presidente de Banesto, Alfredo Sáenz cometió un delito de acusación falsa y otro de denuncia igualmente falsa contra unos empresarios morosos, a los que su banco quería retorcerles el brazo para que devolviesen el préstamo que tenían pendiente. La Audiencia de Barcelona condenó a Sáenz a seis meses de arresto e inhabilitación. Poca cosa, desde luego, considerando que a cualquiera por conducir con una copa de más suele caerle una condena mayor, y personalmente me parece bien que así sea. Sobra decir que esa condena no implicaba el ingreso en prisión al carecer el reo de antecedentes. Sin embargo, todo un presidente de Banesto, un hombre de la plena confianza de Emilio Botín, no podía pasar por la vejación de ser condenado. En este país al bergante que da un tirón lo enchiqueran y le pisan las pelotas hasta dejárselas planas, pero los banqueros están hechos de otra pasta; nunca mejor dicho. Por eso recurrió el señor Sáenz al Tribunal Supremo, que en una nueva sentencia le rebajó la pena a la mitad: tres meses de prisión en vez de seis...




Tras esa sentencia, la Audiencia de Barcelona, responsable de la primera, suspendió el ingreso en prisión de Alfredo Sáenz por los motivos ya señalados. No obstante, y aquí está la madre del cordero, rechazó la petición del interesado de que su condena no fuese inscrita en el Registro de Penados. Mal asunto, pues el reglamento del Banco de España establece que cuando un directivo de una entidad es condenado, queda inhabilitado para ejercer un cargo en el sector financiero el resto de su vida. Dicho en otras palabras, don Alfredo se libraba de ir a chirona, pero ya no podía ser consejero delegado del Santander; de hecho, no podía trabajar ni siquiera de botones en la más recóndita sucursal no solo de ese banco, sino de cualquiera. Nada grave para la economía del penado, por supuesto, ya que el señor Sáenz, como cualquier otro alto ejecutivo de la banca española, se ha embolsado más dinero durante su vida profesional que el que ganaría la mayoría de los titulados universitarios españoles a lo largo de 2.000 años; más o menos desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy. Pero como una cosa es retirarse para jugar al golf en un campo privado cuando uno voluntariamente lo decide y otra muy distinta -bastante distinta- es hacerlo cuando se lo imponen, decidió Sáenz y su amigo Botín -la mejor definición de Botín la dio en su día Ruiz Mateos, aunque tal para cual- recurrieron a la última opción que les quedaba: un indulto del Gobierno de Zapatero. Indulto que materializó ayer el Consejo de Ministros pese al informe en contra del Tribunal Supremo.

Hace ya bastantes años escribí un reportaje sobre una joven tinerfeña que a los 28 años, casada y con hijos, tuvo que ingresar en prisión por un delito cometido casi una década antes. El caso, con sus correspondientes apelaciones, se fue dilatando y a la citada edad, convertida ya en una ciudadana ejemplar, perdió su puesto de trabajo para ir al talego a cumplir una pena por una estúpida locura de juventud. Fueron muchas las instituciones que pidieron un indulto para ella. No hubo respuesta. Bien es verdad que ni era banquera, ni tenía un avión privado que prestarle a Zapatero. Un ejemplo más -al de Sáenz me refiero- de hasta donde llega la social justicia de un Gobierno que, además de justo, es socialista.

*Ricardo Peytaví (El Día).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario se publicará una vez visto por el Moderador. Gracias por escribir. Ahul