¡Nos están privando del derecho a la educación!*

En días pasados nos hemos visto sorprendidos por la carta de una madre, que cargada de angustia e indignación, exigía al Consejero de Educación una plaza de Formación Profesional para su hijo de 16 años...



No es un caso único. Son miles las familias canarias que se encuentran en estas circunstancias, con hijos e hijas entre 16 y 24 años, con ganas de iniciar, mejorar, o completar su formación… y sin posibilidades, por falta de plazas de ciclos de Grado Medio y Superior, sobre todo de las ramas sanitaria, servicios sociales y a la comunidad, hostelería y turismo, imagen y sonido, y transporte y automoción.

Y a mí, como a esta madre, lo más que me llama la atención es que a estas familias no se les oye, no sabemos donde están, no protestan… ¡están sencillamente desconcertadas!.

La crisis financiera, creada por el desmesurado afán de ganancias de las y los poderosos, nos la han impuesto como responsabilidad colectiva, y nos han convencido de que la debemos pagar quienes no la hemos creado. ¡Con la que está cayendo! es la frase que justifica todo y que impide cualquier movimiento de protesta, cualquier exigencia de derechos laborales y sociales de la ciudadanía. Nos han quitado todas las posibilidades de control democrático (negociación colectiva, derechos laborales y sociales, reforma del sistema electoral, de la Constitución…), a la par que han puesto en marcha una hoja de ruta de privatización de los servicios públicos, suprimiendo recursos y mercantilizando la educación, la cultura, la salud, los cuidados…, poniendo como objetivo la acumulación del capital, no las necesidades de las personas.

Para poder conseguir esta barbarie es necesario que el silencio y la resignación sean la única respuesta de la ciudadanía. Y hemos de reconocer que, por ahora, esta batalla la han ganado. Apoyados en el aumento del control social y de la información que se transmite en los medios de comunicación y acompañados de los ajustes constantes del mercado laboral, que provocan el constante miedo “a perder el trabajo”, están deteriorando no sólo nuestros derechos laborales y sociales, sino las condiciones de vida dignas, haciendo pasar a primer plano la búsqueda de la solución personal, frente a la colectiva. Nos intentan expropiar hasta de la capacidad de opinar y protestar.

El derecho a la educación está recogido en el artículo 27 de la Constitución española, y su interpretación se debe realizar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Estado español. Su pleno ejercicio fija el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos los niños y las niñas, la obligación de los poderes públicos a ofertar una educación secundaria, que contemple el acceso a la formación profesional y permanente, accesible para todos los y las jóvenes, y un acceso equitativo a la educación superior.

Es evidente, por tanto, que garantizar el ejercicio del derecho a la educación de la ciudadanía mediante las acciones oportunas, no es un acto voluntario de la Consejería de Educación y Gobierno de turno, sino que es un deber incuestionable de los poderes públicos que en la actualidad, en Canarias, no se cumple.

Y no se cumple en diversos aspectos, muchos de ellos relacionados con los recursos destinados a la enseñanza pública para ofrecer una educación de calidad. Pero hoy me quiero referir a las miles de personas jóvenes que no han podido acceder a los Ciclos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional, que se quedan cada año sin plaza. Y que optan, unos por matricularse en un instituto lejano, otros por cambiar su elección por una segunda opción, y desgraciadamente la mayoría, por abandonar, esperando al siguiente año para “probar suerte”.

Muchas de estas y estos jóvenes canarios que hoy se han visto privados del derecho a cursar estas enseñanzas, del derecho a la educación, pasarán a engrosar las estadísticas del colectivo de jóvenes que entre 15 y 24 años, ni estudian ni trabajan. Como dice la madre de la carta, “jóvenes ni, ni”.

Pero la importancia del incumplimiento de este derecho no sólo se centra en que se está obstaculizando el ejercicio de un derecho fundamental concreto, el de la educación, sino que en la medida en que la educación es clave para el disfrute efectivo de otros derechos humanos, se impide que la ciudadanía haga efectivos derechos reconocidos constitucionalmente, tales como el de la libre elección de profesión u oficio, el del acceso al mercado laboral en condiciones dignas, el acceso a la cultura, a la autonomía de pensamiento, etcétera. En conclusión, se les priva de las herramientas necesarias para su desarrollo profesional, personal y social.

Don José Miguel Pérez afirmó hace pocas semanas que las medidas que se van a aplicar en esta legislatura para combatir el fracaso escolar son ampliar las ofertas para la educación de personas adultas y de ciclos formativos y la posibilidad de cursar la Formación Profesional a distancia y con convenios con otras comunidades autónomas. Esperaremos a ver cómo se concretan, porque mientras el Ministro de Educación reconoce esta misma semana la importante falta de plazas de Formación Profesional (200.000) y la necesidad de una inversión importante para su creación, en Canarias los recortes amenazan, de nuevo, al presupuesto del Servicio Público de Educación para el año 2012.

El cumplimiento de un derecho presente en el texto constitucional aprobado hace 33 años exige que de forma urgente los poderes públicos provean los medios necesarios para desarrollarlo. El papel del Estado en la construcción de la Escuela Pública debe empezar por garantizar los recursos y medios necesarios para que toda la población pueda acceder a la misma, desde las primeras etapas de la vida hasta las superiores universitarias, sin discriminación, garantizando al mismo tiempo la educación permanente de las personas adultas.

Pero, en los últimos años en Canarias el proceso ha sido el contrario: descapitalización del servicio público de educación y, en concreto, desmantelamiento de la Formación Profesional.

Se hace necesario una respuesta negociada a esta situación, e imprescindible una mayor inversión en Educación en Canarias. Urge una solución inmediata a esas listas de espera, formadas por jóvenes a los que no se les permite ni estudiar, ni trabajar. Ante la vulneración de un derecho fundamental, hace falta valentía y una respuesta rápida y contundente. Como ciudadanos y ciudadanas no podemos permanecer impasibles, tenemos la responsabilidad de exigirlo a los poderes públicos Y a usted, Señor Consejero, máximo responsable de la Consejería de Educación, como ya le recuerda esta madre angustiada e indignada, le corresponde dar esa solución. Usted nos dirá.

*Mary C. Bolaños Espinosa (Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC)