martes, 22 de noviembre de 2011

Análisis de la situación de la violencia de género. 25 de Noviembre de 2011*



EL 25 de noviembre, Jornada internacional por la erradicación de la Violencia de Género, una vez más, tenemos que seguir manifestando el rechazo a todas las formas de violencia que se ejercen en nuestra sociedad contra las mujeres...




Esta jornada de lucha tiene lugar en un contexto marcado por un cambio de gobierno cuya labor principal, como hemos visto en el proceso electoral, se supone que va a ser afrontar la “salida” de la crisis financiera a la que nos han llevado las políticas neoliberales impuestas desde la década de los ochenta del siglo pasado. Sin embargo, de las ofertas electorales que se han presentado a lo largo de la campaña deducimos que en realidad el cambio de gobierno no va a modificar sustancialmente la línea seguida e impuesta hasta ahora por parte de los organismos internacionales y la Unión Europea en la situación económica y en el espacio público, que tienen una importantísima incidencia en las condiciones de vida de las mujeres: políticas de reducción del “déficit público” (ahora limitado constitucionalmente) a través de la aplicación de recortes del gasto en la totalidad de los servicios públicos, y un amplio proceso de privatización de estos servicios, anteponiendo los criterios de “rentabilidad” y “eficiencia presupuestaria” frente a aquellos que se orientan desde la lógica del respeto a los derechos humanos y sociales de la ciudadanía y, en particular, de los colectivos socialmente discriminados, como las mujeres.

Pero en este contexto no sólo están en peligro las formas de gestión de los servicios públicos. También se ha iniciado una verdadera ofensiva ideológica conservadora contra los principios y políticas igualitarias, de la que inevitablemente resultará, y ya lo estamos viendo, un reforzamiento del sistema de dominación patriarcal que desde hace ya más de un siglo viene combatiendo el movimiento feminista. Esta doble ofensiva –económica e ideológica- está teniendo dramáticas consecuencias sobre las condiciones de vida de las mujeres, y no deja de agudizar las diversas formas de violencia ejercida sobre nosotras.

La primera de todas es la violencia económica. Violencia económica es la que obliga a las mujeres a trabajar sin derechos laborales, y con un salario mínimo que no les permite cubrir las necesidades básicas. Violencia económica es la que hace que miles de mujeres trabajen en la economía sumergida, en sectores feminizados sin ningún tipo de derechos reconocidos. Violencia económica es la que provoca los desahucios dejando a muchas mujeres en la calle, sin empleo, sin ingresos y con cada vez menos recursos públicos a los que recurrir para sobrevivir. Violencia económica es la que se ejerce bajo la forma de trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, el único negocio que no está en crisis y donde las mafias y los proxenetas se continúan lucrando a costa del secuestro, violación y una larga cadena de actos violentos y delitos contra las mujeres. Violencia económica es la que hace que muchas mujeres se vean forzadas a ejercer la prostitución como única forma de ganarse la vida soportando las condiciones más vejatorias, sin tener reconocida su condición ni sus derechos como trabajadoras, y en muchos casos en manos de redes de traficantes. Violencia económica es la que el Estado ejerce cuando hace dejación de su responsabilidad y recorta prestaciones sociales, privatiza servicios básicos de bienestar social, suprime políticas de igualdad, cierra organismos encargados de promover la igualdad o congela las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.

También se ve reforzado el ejercicio y la defensa explícita de diversas formas de violencia cultural. La globalización propicia un clima adecuado en el que proliferan fundamentalismos de todo tipo, religiosos, ideológicos y culturales, que legitiman la violencia cultural sobre las mujeres que deciden abandonar las normas culturales que las sitúan en posiciones de subordinación: la mutilación genital femenina; la lapidación, los castigos físicos públicos a mujeres o las violaciones correctivas a lesbianas; incluso la imposición de un modelo de belleza hipersexualizado son algunas de las formas de violencia cultural que padecemos y que cada vez con menos disimulo vuelven a ser defendidas por líderes religiosos, culturales y políticos en nuestro entorno. Especialmente en este año queremos señalar que también se ejerce la violencia cultural sobre las mujeres cuando se imponen leyes que prohíben o dificultan el divorcio, el aborto, o el matrimonio de personas del mismo sexo, y en este momento mucho nos tememos que quienes han hablado del “cambio político” en la reciente campaña electoral quieren poner en cuestión los avances que en estos derechos hemos conquistado.

Junto a las anteriores formas de violencia patriarcal, el asesinato, o las diversas formas de violencia física, psicológica y sexual que ejercen ciertos hombres sobre las mujeres con las que han tenido o pretenden tener una relación afectiva, sigue siendo el prototipo de agresión patriarcal más extendida y conocida. Los malos tratos físicos, psicológicos, la violación conyugal o el abuso sexual a hijas y niñas del entorno siguen siendo fenómenos más usuales de lo que las estadísticas oficiales, centradas en las denuncias presentadas, nos permiten conocer. La agresiva reacción misógina y patriarcal, fruto de la derechización ideológica, está dirigiendo una ofensiva muy dura contra las mujeres. Algunas hirientes sentencias judiciales o el activismo cotidiano de diferentes asociaciones defensoras del poder patriarcal, que se atreven a decir que las mujeres están sobreprotegidas por las leyes, o que las denuncias contra los maltratadores son falsas, son ejemplos próximos que ponen de manifiesto el rearme ideológico –y en algunos casos político- del patriarcado.

A pesar de que en la última década se han producido avances importantes en el reconocimiento, la prevención y la penalización de diversas formas de violencia contra las mujeres, no están todas ellas suficientemente identificadas ni existen instrumentos legales adecuados para afrontarlas. La implementación y el desarrollo normativo de la Ley Integral contra la violencia de género de 2004 va dejando muestras de algunas limitaciones que es preciso afrontar con urgencia.

1. En el Estado Español a fecha de 3 de noviembre de 2011, van 57 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En total, 561 han sido asesinadas desde el año 2004, después de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género. Pero, según datos recogidos por la Red Feminista, en este año han sido asesinadas también 12 mujeres que mantenían otras relaciones familiares con sus víctimas, y se han producido casos de mujeres asesinadas tras sufrir agresiones sexuales por hombres con los que no mantenían relaciones afectivas.

2. Canarias, tristemente, continúa siendo una de las Comunidades Autónomas con mayor incidencia del problema de la violencia de género. El número de denuncias presentadas ascendió en el año 2010 se acercó a las 9.000, equivalentes a casi el 7% de las denuncias interpuestas en el Estado Español. El Archipiélago sigue en los puestos de cabeza en cuanto a número de órdenes de alejamiento dictaminadas por la justicia, sumando un total de 2.719. En el año 2010, ocupamos el 2º lugar en la tasa de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, si bien es bueno reconocer que, hasta este día, se ha reducido de 7 (en 2010) a 3 mujeres asesinadas en el año 2011.

Uno de los problemas más importantes sigue siendo la indefensión de las mujeres víctimas de violencia que no han presentado denuncias ante el sistema jurídico-policial. El modelo establecido en la Ley ha llevado a que los principales esfuerzos realizados desde las administraciones públicas se hayan orientado hacia las víctimas que recurren a la denuncia, dejando en una situación de indefensión a la mayoría de las mujeres que, siendo objeto de las distintas formas de violencia machista, no se han atrevido a presentar denuncia y solicitar la intervención judicial, mientras que sí existe, en muchas ocasiones, constancia de su situación en los centros de salud a los que acuden, o en los servicios sociales de su localidad. Hay que tener presente que el 63% de las víctimas asesinadas en 2010 mantenía la convivencia con su agresor, que sólo un 30% de ellas habían presentado denuncia (en Canarias, de las 7 mujeres asesinadas sólo 2 habían denunciado), y que en el 74% de los casos el asesinato se produjo en el domicilio familiar. Ello nos mueve a demandar que no se siga considerando la denuncia policial como requisito exclusivo para el acceso a buena parte de las medidas de protección e inserción de las mujeres víctimas de la violencia de género, y que los servicios de atención a estas víctimas se aproximen efectivamente a las mujeres e intervengan más activamente cuando se conocen situaciones de este tipo. Esta proximidad es importante también por un dato que aporta el Observatorio Estatal: tiene mayor incidencia la violencia de género en las poblaciones más pequeñas (las que, desagraciadamente, disponen de menos recursos sociales para su población).

4. Queremos llamar la atención sobre la escasa atención prestada, hasta el momento, a la persistencia de formas diversas de agresiones sexuales sobre las mujeres, un problema que ha sido invisibilizado frente a la centralidad que se otorga mediática e institucionalmente a la violencia de género practicada por las parejas o exparejas. Debemos denunciar que desde el año 2009, los organismos responsables de aportar las estadísticas oficiales no publican los datos relativos a los conocidos como “Delitos de abuso, acoso y agresión sexual”, y que en el año 2009 se conocieron un total de 6.562 delitos de este tipo oficialmente en el conjunto del Estado, de los que 531 se produjeron en Canarias.

En la actualidad, el mundo laboral carece de procedimientos e instrumentos institucionales que permitan identificar las dimensiones de la violencia ejercida contra las mujeres en los entornos laborales, de lo que deriva la ausencia de programas de prevención y persecución de unas prácticas que legalmente son delictivas. Este año, por vez primera, se ha implantado un “Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella” (BOE de 28 de julio de 2011), una medida que habrá de regularse en Canarias, si se quiere efectivamente combatir estas prácticas de acoso no ya sólo en las administraciones, sino en el conjunto de los centros de trabajo públicos y privados. Llama la atención que se proceda a esta regulación cuatro años después de aprobarse la Ley de Igualdad y siete desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género. No nos cabe la menor duda de que la situación de fragilidad que se ha ido imponiendo crecientemente en las condiciones laborales con las reformas neoliberales del empleo impide a no pocas mujeres proceder a la denuncia de este tipo de agresiones, principalmente cuando las llevan a cabo sus jefes y empresarios.

5. Aunque la actual legislación reconoce la importancia de las acciones preventivas y asistenciales, dejan mucho que desear los programas de prevención y asistencia activados hasta este momento, así como es obvia la insuficiencia de los recursos destinados a estas líneas de intervención en buena parte de nuestros municipios. La drástica reducción de los presupuestos municipales, de los cabildos y del gobierno autónomo en los servicios públicos de educación, sanitarios y de bienestar social está revirtiendo negativamente justo en esta ineludible acción preventiva, y en los pocos meses que han transcurrido desde la renovación de los gobiernos locales, insulares y autonómico este año, hemos empezado a constatar cómo en ciertas instituciones (como el Ayuntamiento de Las Palmas de GC) se ha puesto en cuestión la continuidad de algunas prestaciones sociales con especial incidencia para las mujeres. En la actualidad, tal como han puesto de manifiesto la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan) y el Colegio Profesional de Trabajadores/as Sociales de Canarias, hemos de denunciar como un grave retroceso el que, en el área de política social, el gobierno canario tiene previsto aplicar un importante recorte presupuestario del 14% para 2012, dejando de invertir en servicios sociales unos 43 millones de Euros, que sumados a los recortes aplicados el pasado año, suponen un recorte presupuestario de más de un 30% en dos años en un área central para la asistencia de las mujeres víctimas de violencia. Si tenemos en cuenta, además, los recortes acumulados en las áreas de Educación y Sanidad, pocas expectativas cabe hacerse sobre las posibilidades de una mejora en la intervención educativa y sanitaria para la prevención de la violencia en Canarias en el próximo año, si no asumimos la iniciativa de poner en cuestión estos presupuestos y demandar una adecuada financiación de los servicios públicos.

El 25 de noviembre de 2011, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, son más necesarias que nunca la lucha política feminista y la movilización social. Es imprescindible el compromiso de las instituciones, de los partidos políticos, de los sindicatos y de toda la sociedad, para desactivar las violencias patriarcales. En esta lucha feminista debemos unirnos las mujeres y también los hombres que cuestionan el sistema que les proporciona privilegios, que desean unas relaciones en igualdad, sin violencia machista. Mujeres y hombres que luchamos por una sociedad igualitaria donde se eduque en el respeto a la diversidad y la diferencia, donde todas las manos se unan formando una cadena contra la violencia patriarcal.



*Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria

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