La convocatoria gubernamental especifica que los que reciban la subvención no tendrán que presentar “justificación documental” de los gastos de agua, luz, mensajería, teléfono o materiales. |
Las “ayudas” están destinadas para financiar los planes de formación en 2011 de los funcionarios y de los empleados públicos y también otorga subvenciones a la propia Administración central (que recibirá un máximo de 23,4 millones de euros), a las autonomías (de 52,1 millones de euros) y a los ayuntamientos (de 24,8 millones de euros). Las dádivas que recibirán las organizaciones sindicales superan a las del propio Estado o los consistorios.
La letra pequeña
Aunque UGT y CCOO pueden justificar que los fondos están destinados a fomentar las políticas activas de empleo, la letra pequeña de la resolución del Ministerio de Política Territorial tiene varias cláusulas preocupantes. La más significativa es que dichas organizaciones que den cursos de formación en 2011 no tendrán que presentar “justificación documental” de los gastos corrientes (los que los convocantes de los cursillos destinen a pagar agua, gas, electricidad, mensajería, teléfono, material de oficina, vigilancia o limpieza, entre otros). De esta cuestión también se beneficiarán las administraciones públicas.
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