Las "barbas" del ejemplo catalán: la privatización de la sanidad adquiere impulso*

En Canarias, la Consejería trata de que lo público no funcione para externalizar los servicios

POSIBLEMENTE estemos viviendo las etapas finales del Sistema Público de Salud que hemos conocido hasta hoy. Eso si el conjunto de la sociedad no reacciona y "manda a parar" el despojo. Los insaciables tiburones del negocio sanitario, tal y como les ocurre a los escualos cuando olfatean sangre, están siendo presa de una gran excitación. En cuanto se han apercibido de que el Sistema Sanitario Público del Estado español está atravesando serias dificultades, como consecuencia de múltiples factores entre los que se encuentra la pésima gestión efectuada por aquéllos que no confían en absoluto en lo público, han decidido pasar a la acción...

Los teóricos del negocio sanitario (agrupados en lo que ahora llaman think tank) proponen dos fórmulas como solución para"aliviar" la crisis del sistema sanitario: su "apertura a la iniciativa privada" y hacer que el paciente se "corresponsabilice de su salud" obligándole a "copagar" los gastos que ocasione. Los "thinks tanks" (“tanques pensantes”) mantienen que, al igual que en los Estados Unidos de América, es preciso contemplar la sanidad como un negocio y a los pacientes como meros clientes.

Fuentes sindicales advierten que “están observando con alarma como el proyecto privatizador de la Sanidad avanza a pasos acelerados”. Según estas fuentes el gobierno derechista catalán no ha dudado en tomar la iniciativa en esta dirección. Dos empresas vinculadas a CIU y PP están detrás de la operación privatizadora del Instituto Diagnóstico por la imagen (IDI).

En cualquier caso, la gran operación privatizadora de la Sanidad Pública en el Estado español tiene dos vectores. Uno, el que acabamos de señalar. Es decir, facilitar la entrada a saco de las grandes empresas farmacéuticas y sanitarias en el "negocio" de la Salud. El otro, más sofisticado y canallesco, se orienta a debilitar los sistemas públicos de protección social para que los ciudadanos consideren justificado, como supuesta solución a estas carencias, esta potenciación del sector privado.

No deja de llamar la atención que en el debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público sean pocos los que plantean que se destine una mayor parte de los presupuestos a la financiación del mismo, a pesar de que el Estado español es uno de los países desarrollados que dedican un menor porcentaje del PIB a este servicio esencial.

En los últimos años, el proceso de privatización encubierto de la Sanidad se ha venido efectuando de forma progresiva, aumentando el gasto en los conciertos con centros privados. Canarias, junto a otras comunidades como la de Madrid, ha estado a la cabeza de esta transferencia de fondos hacia el negocio de la Salud. En los últimos años, miles de millones de pesetas de la Consejería de Sanidad han ido a parar a las arcas de empresarios como Pedro Luis Cobiella (propietario de la multinacional del sector Hospiten). Solamente en los presupuesto del año 2008 se destinaron 233 millones de euros, unos 39.000 millones de pesetas, a estos conciertos. Para Bernardo Medina (de Intersindical Canaria) “está claro que la Consejería trata de que los público no funcione para externalizar los servicios”, aplicando “la misma política que lleva a cabo el Partido Popular en Valencia o Madrid”.

Sin embargo, y al contrario de lo que podría suponerse, no fue la ultraderecha política agrupada en el PP la que inició el proceso de privatización de la Sanidad. El primer intento serio en este sentido vino de la mano del PSOE que, en junio de 1996 y siguiendo las orientaciones del famoso "Informe Abril Martorel", modificó la Ley General de Sanidad. Con un decreto del Ejecutivo socialdemócrata de Felipe González se abrieron las puertas a las “nuevas formas de gestión privada de la sanidad pública". Más tarde, ya en la primera legislatura de José María Aznar, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que establecía definitivamente la posibilidad de que la prestación y gestión de los servicios sanitarios pudiera llevarse a cabo mediante acuerdos, convenios o contratos con entidades privadas. En aras de la precisión histórica conviene recordar que esta ley fue aprobada con los votos del PSOE, PP, Coalición Canaria, CIU y PNV. Sólo votaron en contra IU y BNG. Y tampoco conviene olvidar que, posteriormente, la mayoría parlamentaria obtenida por el PSOE en 2004, con los apoyos de IU, BNG y ERC, no realizaría la más mínima tentativa de modificar este nuevo marco legal.

*FUENTE: A. R. Suárez