Los "Kapos" del sindicalismo burocrático español prepararon el terreno |
Una fecha fatídica para la clase trabajadora: la nueva ley abre la puerta para desvincular la actualización de los salarios en función de la inflación
En el Congreso de los Diputados, el Gobierno socialdemócrata consiguió sacar adelante la votación para tramitar como proyecto de Ley el decreto para la reforma de la negociación colectiva, aprobado por el consejo de Ministros el pasado 10 de junio. Para ello contó con el apoyo tácito de Coalición Canaria, CiU y PNV y UPN. Con la abstención previamente pactada de estos grupos parlamentarios, el PSOE pudo ganar la votación oponiendo los 169 votos de sus diputados a los 159 de PP, ERC, IU-ICV, BNG y UpyD. Como proyecto de Ley, el decreto seguirá ahora el habitual trámite parlamentario, en el que se introducirán las modificaciones pactadas con las derechas de Canarias, Cataluña y Euskadi.
De ahora en adelante, en la pugna entre convenios el de empresa primará sobre todos los demás - estatales, autonómicos o provinciales-. Es decir, que cada empresario podrá fijar condiciones a la baja, salvo que el convenio estatal o el autonómico - que sólo afecta al 10% de los trabajadores - digan lo contrario. Esta modificación, la más importante de los últimos 30 años, concederá a los empresarios la posibilidad de modificar horarios, jornadas, funciones, etc., en función de su "coyuntura" económica. Valorada, obviamente, de acuerdo a sus propios criterios. Las empresas podrán descolgarse de los convenios de ámbito sectorial o provincial también para el establecimiento de salarios más bajos, aun cuando éstos se encuentren en plena vigencia. Para rebajar aún más los costes salariales, el Ejecutivo Zapatero facilita a los empresarios la posibilidad de dejar de pagar las horas extraordinarias, distribuyendo un "mínimo" del 5% de la jornada laboral anual en los horarios que más se ajusten a sus necesidades.
El nuevo marco de relaciones laborales consagra, en suma, la concepción patronal que identifica la "libertad" con la imposición de un marco desigual de "negociación" en el que los asalariados - con la permanente espada de Damócles del despido sobre sus cabezas -carecen de la mínima fuerza necesaria para resistir las imposiciones del empleador. El término que enmascara esta realidad, con estudiada ambigüedad conceptual, es el "flexibilidad interna". Según se recogía en el texto que los sindicatos CC.OO. y UGT estuvieron a punto de avalar con su firma, esta “flexibilidad” implica que "los convenios estarán en permanente evolución desde su firma a la finalización de su vigencia".
Como ya se había anunciado durante las negociaciones entre las CCOO-UGT y la patronal CEOE, la contrarreforma terminará también con la "ultraactividad" de los convenios. Es decir, que al término del periodo para el que éstos fueron establecidos ya no permanecerán vigentes mientras se negocia uno nuevo. Se impone, por el contrario, un arbitraje obligatorio que liquida en la práctica la posibilidad de los empleados de desarrollar una presión efectiva para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo. A este "árbitro" se le otorga también la prerrogativa de decidir en el caso de conflictos laborales provocados por cambios de jornada laboral, categorías, organización del trabajo e incluso descuelgues de los mínimos salariales dictados por el convenio sectorial.
Finalmente, y con escasa publicidad, el Decreto aprobado en el Parlamento español ha abierto las puertas a la siguiente contrarreforma reclamada insistentemente por la Patronal española y por la Unión Europea y las Instituciones Financieras Internacionales en representación del Capital transnacional. La desvinculación de la actualización anual de los salarios del incremento de la Inflación, con la que se palía la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Como una supuesta concesión realizada a los nacionalistas catalanes, el preámbulo del decreto aprobado el jueves por el Gobierno socialdemócrata incluye, en este sentido, una orientación para que los salarios se vinculen "voluntariamente" a la productividad.
El nuevo marco de relaciones laborales consagra, en suma, la concepción patronal que identifica la "libertad" con la imposición de un marco desigual de "negociación" en el que los asalariados - con la permanente espada de Damócles del despido sobre sus cabezas -carecen de la mínima fuerza necesaria para resistir las imposiciones del empleador. El término que enmascara esta realidad, con estudiada ambigüedad conceptual, es el "flexibilidad interna". Según se recogía en el texto que los sindicatos CC.OO. y UGT estuvieron a punto de avalar con su firma, esta “flexibilidad” implica que "los convenios estarán en permanente evolución desde su firma a la finalización de su vigencia".
Como ya se había anunciado durante las negociaciones entre las CCOO-UGT y la patronal CEOE, la contrarreforma terminará también con la "ultraactividad" de los convenios. Es decir, que al término del periodo para el que éstos fueron establecidos ya no permanecerán vigentes mientras se negocia uno nuevo. Se impone, por el contrario, un arbitraje obligatorio que liquida en la práctica la posibilidad de los empleados de desarrollar una presión efectiva para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo. A este "árbitro" se le otorga también la prerrogativa de decidir en el caso de conflictos laborales provocados por cambios de jornada laboral, categorías, organización del trabajo e incluso descuelgues de los mínimos salariales dictados por el convenio sectorial.
Finalmente, y con escasa publicidad, el Decreto aprobado en el Parlamento español ha abierto las puertas a la siguiente contrarreforma reclamada insistentemente por la Patronal española y por la Unión Europea y las Instituciones Financieras Internacionales en representación del Capital transnacional. La desvinculación de la actualización anual de los salarios del incremento de la Inflación, con la que se palía la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Como una supuesta concesión realizada a los nacionalistas catalanes, el preámbulo del decreto aprobado el jueves por el Gobierno socialdemócrata incluye, en este sentido, una orientación para que los salarios se vinculen "voluntariamente" a la productividad.
*FUENTE: A. Inglott (Canarias-Semanal)
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