Otro sabotaje a la sanidad pública canaria*

DESPUÉS del tijeretazo del 12% en los Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria para la Sanidad Pública (315 millones de €), la población canaria asiste a una nueva andanada de recortes tras el cierre de camas, con la supresión de las actividades quirúrgicas, de consultas y de pruebas complementarias en el turno de tarde, medida puesta en marcha a desde primeros de octubre del presente año y que la Consejería de Sanidad pretende mantener hasta el 31 de diciembre, amén de nuevos zarpazos que puedan estarse gestando por parte del ejecutivo para el ejercicio 2012...

Esta decisión, se traducirá en un incremento intolerable en las listas de espera, a pesar de que desde la Administración se “orquesta la consigna” de que para que esto no ocurra, deben ser incluidos en lista de espera, sólo aquellas patologías que constituyan urgencias vitales. Esta Consejería, con dicha operación de maquillaje tratará de seguir sacando rentabilidad política al sufrimiento de la ciudadanía canaria. Ni analizándolo en términos puramente económicos se sostiene la medida, porque tal reducción disparará el gasto farmacéutico, prolongará las bajas laborales y las situaciones de invalidez transitoria, por no hablar del gasto que se origina por la aparición y posterior tratamiento de las secuelas derivadas de un abordaje terapéutico incorrecto en el tiempo de determinados procesos. El gasto en calidad de vida y nivel de salud de la población, sólo será comparable a la ineficiencia de mantener cerrados después de las tres de la tarde, los recursos altamente tecnificados, tanto humanos como materiales de los hospitales públicos canarios.

Existen alternativas a los recortes que pasan, a corto plazo, por tomar medidas para controlar la ineficiencia que genera la no profesionalización de los cargos de gestión, la duplicidad de altos cargos y puestos funcionales en la Sanidad Pública, que obvian la opinión y participación de los profesionales, el elevado gasto farmacéutico, que se optimice la utilización de recursos públicos en aras de que los privados sean, tal como establece la LOSC, un complemento de uso anecdótico. A medio y largo plazo, dichas alternativas serían el resultado de aplicar auténticas políticas de prevención y de promoción de la salud, que tengan como objetivo central frenar el deterioro en los niveles de salud de la población canaria y acercarlos a cotas dignas. Por otro lado, podrían restringirse los gastos superfluos del Gobierno de Canarias como la policía autonómica y el aparato de propaganda denominado radiotelevisión canaria, entre otros.

En cualquier caso, la intención de la Consejería de Sanidad sigue siendo, hoy como ayer, utilizar la coartada de la crisis para deteriorar la Sanidad Pública Canaria, con el objeto de seguir manteniendo a los tiburones de la sanidad privada, que en su vorágine mercantilista, y con un Gobierno cómplice, presionan para invertir la ecuación y que sea el derecho a la salud de la población un ente del que sacar tajada.

Este nuevo recorte, que viene a suponer la suspensión y reasignación bajo el criterio de “sálvese quien pueda”, de aquí a final de año, de unas 1500 intervenciones quirúrgicas ya programadas, y otras tantas consultas y pruebas diagnósticas, constituye una actuación inaceptable que conculca el derecho fundamental de la población canaria a la atención sanitaria y ahondará en el retroceso en los niveles de salud de la ciudadanía.

*Cati Darias (SEcretariado Nacional de Intersindical Canaria)