La española Repsol vuelve a la carga sobre el Archipiélago Canario*

EN diciembre del año 2001, el ejecutivo de José María Aznar, con el apoyo de Coalición Canaria, concedía a Repsol YPF los permisos que la multinacional española le había solicitado para comenzar labores de exploración-prospección petrolífera frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. En el caso de que estas exploraciones confirmaran la existencia de una bolsa de crudo cuya extracción resultará rentable, Repsol pretendía instalar sus plataformas a lo largo de más de 200 kilÓmetros de la costa canaria. Desde el Roque del Este, en Lanzarote, hasta la Punta de la Entallada, en Fuerteventura. Un área en la que se concentra buena parte de la actividad turística de estas dos islas y de la que se obtiene el agua que, una vez desalada, proporciona el consumo básico de sus habitantes...

Nada más trascender la noticia, asociaciones ecologistas, culturales, juveniles y vecinales manifestaron su frontal oposición al proyecto. A las protestas se sumaron también los empresarios del sector turístico, los turoperadores e incluso el Cabildo Insular de Lanzarote. Las secuelas ecológicas, económicas y sobre la salud humana que tendría que afrontar el Archipiélago si los planes de Repsol YPF llegaran a materializarse justifican con creces esta oposición. La multinacional española ha sido denunciada internacionalmente por los atentados contra el medioambiente y los derechos humanos que comete en los países en los que opera en la actualidad. Pero, más allá de estas prácticas –propias, por otro lado, de todas las empresas transnacionales – los peligros provienen del carácter intrínsecamente contaminador de la industria petrolera.

En cada una de las fases del proceso de explotación petrolífera se producen gases y subproductos que, al igual que el crudo, son altamente contaminantes. Tras la fase de perforación, por ejemplo, son arrojadas al mar cantidades ingentes de metales pesados y tóxicos -como el Cadmio, el Arsénico, el Cobre o el Mercurio-. Se sabe que la vida desaparece completamente en un radio de 500 metros alrededor del pozo de extracción. Estos minerales son difundidos rápida y profusamente por las corrientes marinas, y sus efectos pueden alcanzar un área de entre 10 y 100 Km2 y persistir durante un mínimo de 9 años. A la difusión de éstas y otras sustancias contaminantes hay que añadir los vertidos y escapes de crudo que se producen de manera constante en todos los pozos de extracción. La contaminación marina por hidrocarburos se produce tanto de manera accidental como intencionalmente, por descargas voluntarias y el lavado de los buques cisterna. Los vertidos de petróleo no solo provocan la muerte de una gran cantidad de especies marinas. El petróleo que cubre la superficie del mar también actúa interrumpiendo la llegada de los rayos solares a los fondos y, por tanto, impidiendo la fotosíntesis del fitoplancton; organismos vegetales microscópicos que constituyen el primer eslabón de la cadena alimenticia de los ecosistemas oceánicos. De esta forma, se pone en peligro el conjunto de la vida marina. Por si esto fuera poco, muchos de los hidrocarburos presentes en el crudo son altamente tóxicos para los seres humanos, y pueden provocar cánceres de piel, de pulmón, neumonía, daños renales y hepáticos, descalcificación ósea, etc.

Con esta negra perspectiva por delante para la industria del Turismo el Cabildo de Lanzarote presentó una demanda impugnando el Decreto Gubernamental que daba luz verde al proyecto de Repsol. A finales del año 2002 esta demanda prosperó y el Tribunal Supremo anuló parcialmente los permisos por un "defecto de forma", ya que la compañía petrolera no había presentado la pertinente Evaluación de Impacto Ambiental. La multinacional, no obstante, jamás renunció a sus planes de apropiarse de los posibles recursos energéticos del Archipiélago canario. En el año 2008, el presidente de Repsol, Antonio Burau, exigía públicamente al Ejecutivo Zapatero "que imprimiese velocidad a la concesiÓn de los permisos" para volver a realizar prospecciones petrolíferas.Rodríguez Zapatero, que había asegurado en Lanzarote antes de alcanzar la presidencia del Gobierno que si llegaba a gobernar se opondría a los planes de Repsol para Canarias, modificó la posición oficial del PSOE. Los máximos responsables de este partido abandonaron el rechazo frontal al proyecto para intentar vender a la población que lo fundamental era garantizar una explotación petrolífera "no contaminante". El permiso concedido inicialmente a Repsol, sin embargo, expiraba en enero de 2008, y la prórroga que la petrolera solicitó quedó sin resolver después de que se elevara a Consejo de Ministros una propuesta del Ministerio de Industria para convalidarla.

Ahora, el “limbo jurídico” en el que – según fuentes gubernamentales – se encuentra el expediente, podría ser resuelto en beneficio de la compañía si, como todo parece indicar, Mariano Rajoy se convierte en el próximo presidente del Gobierno de España. Según recogía la prensa local el pasado fin de semana, el propio Rajoy encargó un informe a las FAES (Fundación para el Análisis y Estudios Sociales), que preside José María Aznar, sobre política energética, en el que se apoya la búsqueda de hidrocarburos para combatir la dependencia energética. El informe del think tank de la ultraderecha española menciona explícitamente el caso de Canarias, como ejemplo de espacio donde no se han ejecutado los permisos concedidos en su día por Aznar.

Fuentes del Partido Popular han reconocido que su programa electoral en materia energética para el 20-N, aún por aprobar, estará inspirado en su mayor parte en este informe del foro de pensamiento reaccionario e incluirá referencias a las exploraciones petrolíferas. Todo parece indicar, pues, que tras los próximos comicios generales la amenaza de Repsol volverá a caer sobre las Islas, con un devastador proyecto que – de ser definitivamente impulsado por el Ejecutivo español – sólo podría ser detenido por una importante y sostenida movilización popular.

*Arturo Inglott, Canarias Semanal.