Viendo lo poco que queda para que se acaben definitivamente las ayudas estatales del PRODI1, la PCI –sumado a lo poco que aportan ayuntamientos en pago de recibos de agua y luz- se convierte en esencial para la subsistencia de muchas familias en Canarias...
II.- Datos que duelen.
-Según los datos hechos públicos por organismos oficiales, a finales de septiembre de 2011 se contabilizaban 251.990 parados inscritos en el INEM. Pero hay que tener en cuenta que hay parados que por distintas razones no están inscritos en el INEM, esto hace que la última Encuesta de Población Activa del INE (2º trimestre de 2011) arroje unos resultados aún peores para Canarias, con 331.800 personas en paro, el lugar de los 251.990 que nos dicen. Luego hay 79.810 personas, aproximadamente, que no constan como parados en las oficinas de empleo del Gobierno de Canarias y que tampoco reciben ninguna prestación, pues estar inscrito es requisito obligado para cobrarlas.
-Según datos de octubre de 2011, en Santa Cruz de Tenerife quedan sin ningún tipo de protección 33.504 parados, en Las Palmas 38.077.2 Esto se debe sobre todo a que se están acabando las coberturas del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi). Los beneficiarios de este programa sumaban 277.049 a nivel estatal en agosto de 2010 de los que ahora sólo quedan 13.781.
Insistimos nuevamente, a estos datos hay que sumar los 79.810 parados no inscritos en el INEM en Canarias que no figuran en ningún lado más que en la EPA estatal. Sumadas todas las cantidades a día de hoy tenemos del orden de 151.391 personas paradas en Canarias sin recibir ningún tipo de ayuda económica.
-La Comunidad Autónoma de Canarias es la región con un mayor porcentaje de parados de larga duración con un 52,5 %, por encima de la media nacional, situada en el 47,8 %. También es la CCAA con mayor porcentaje de familias con todos sus miembros en paro (16,1%), mientras que la media española está en el 10,5 %, según ha informado la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT).3
-El Índice de exclusión social en Canarias dobla al estatal. Se calcula que tan sólo un 25,4% de los hogares no presentan indicadores de exclusión social, mientras un 42,5% se encuentra en situación de integración precaria, en exclusión compensada, un 19,4% y en exclusión severa, el 12,7%.
-Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados canarios abrieron en los seis primeros meses de 2011 un total de 745 procedimientos de desahucio, lo que supuso un 23,34 por ciento más que el año anterior.
III.- Datos que ofenden.
-Según datos que maneja la Plataforma, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) guarda más de 13.000 millones de euros en beneficios fiscales a empresas. Se prevé que esta cantidad se incremente en más de 7000 millones de Euros en 2013.
-El PIB canario asciende a 1.750 euros al mes por persona, esto es: a cada familia compuesta por cuatro miembros le corresponderían, en teoría, 7.000 euros mensuales. Se puede decir por tanto que los canarios somos estadísticamente ricos. Se puede decir sólo a la luz de los fríos y engañosos datos estadísticos, pues según datos de la Agencia Tributaria, 21 familias canarias controlan el 8% del PIB, y sólo el 0´2% de la población canaria aglutina el 80% de su riqueza, o lo que es lo mismo: 4000 personas de entre más de dos millones.
-Según más datos de la misma Agencia Tributaria, se calcula que el capital fraudulento que se mueve en esta región asciende a 8.500 millones de euros al año.
-Según diversas estadísticas, se estima que en Canarias pudiera haber unas 100.000 viviendas vacías.
IV.- La realidad de la Prestación Canaria de Inserción.
Vistos ya unos cuantos datos demoledores que ponen en comparación las dos realidades que sufrimos en Canarias, hora es de abordar la realidad de la Prestación Canaria de Inserción vista desde nuestra óptica no afectada por ningún interés propio.
1º.-Y la realidad es que la PCI deja fuera de cobertura a los menores de 25 años y a muchas personas que se encuentran en situación precaria, al establecer como requisito la necesidad de tener un domicilio fijo y llevar como mínimo seis meses de empadronamiento en Canarias (3 años si es extranjero). Este primer requisito hace muy difícil que una persona sin hogar lo pueda solicitar, toda vez que tampoco en los centros donde suelen acudir los sin hogar a comer y dormir se les ayuda demasiado para tramitar esta documentación, mención especial para el Albergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife, donde la colaboración y ayuda es mínima.
2º.-Y la realidad es que la PCI sufrió de muchas irregularidades no justificables durante el pasado año 2010. Así, cuando el tiempo máximo previsto de tramitación de dicha prestación, según la Ley, es de cinco meses, a mediados de 2010 se agotó la partida presupuestaria para la PCI y se tardó más de 8 meses en pagar a solicitantes una ayuda que representaba su único modo de vida, sin que se diese ninguna explicación a las personas demandantes de la misma que ya la tenían aprobada, a pesar de haber trasladado algunas de estas personas la pertinente reclamación, cuando además la propia Ley que regula el PCI (Artículo 20) impide a la Administración suspender el pago, salvo por 3 motivos concretos, previa audiencia e información al interesado. Y el Gobierno incumple la Ley sin que haya consecuencias de ningún tipo, salvo las que sufren los beneficiarios del PCI por no poder recibirla.
3º.-Y la realidad es que en la puesta en marcha de la PCI la Consejería de Bienestar no se coordinó y facilitó de forma adecuada y constante los recursos necesarios (formación no reglada, atención psicológica y socio-educativa, orientación laboral, ayuda al transporte, etc.) a los municipios para llevar a cabo los planes de inserción obligatorios, dificultándose o impidiéndose repetidamente la ejecución de los mismos por parte de las personas solicitantes. Lo cual deja sin efecto el objeto de esta Ley. Por otro lado, en estos cuatro años de vigencia de la Ley no se han elevado informes de la comisión de seguimiento de la Ley, ni al Servicio Canario de Empleo ni al Consejo General de Servicios Sociales.
4º.-Y la realidad es que los presupuestos del Gobierno de Canarias para el 2011 han destinado a la PCI 20 millones de euros, lo que supone sólo el 3´2 % de los presupuestos, una cifra que el propio Gobierno anuncia como considerable pero nosotros consideramos mínima dada la necesidad de esta ayuda y la situación de extrema precariedad en la que viven muchos miles de familias en Canarias. Teniendo en cuenta además que se están pagando con el dinero presupuestado para este año los retrasos de las prestaciones de la PCI correspondientes al 2010 que fueron congeladas, resulta muy mermada la posibilidad de que durante el 2011 todas las solicitudes a responder en este periodo de tiempo perciban la prestación aprobada.
Haciendo un sencillo cálculo, la PCI para un año a razón de 500 euros al mes, con los 20 millones de euros presupuestados (esto sin restarle lo que se debe de atrasos del 2010), daría para cubrir sólo a unas 3.330 personas.
3.330 personas en toda Canarias, frente a 151.391 que no reciben ningún tipo de ayuda económica.
3.330 personas en toda Canarias, frente a 600.000 que viven bajo el umbral de la pobreza.
Sobran más comentarios, las cifras hablan por sí solas. Pero aún hay más cifras, que vienen a aumentar la indignación de los miembros de la Plataforma, que debe hacernos pensar a todos y todas sobre la clase de gobernantes que tenemos en Canarias:
En los presupuestos de este año 2011 figuran dos partidas a nuestro juicio bastante menos importantes pero mucho mejor surtidas: 38 millones de euros para la Radio Televisión Canaria y 84 millones para Alta Dirección.
5º.- Se entiende, tras los datos aportados, que en la Plataforma nos encontremos con muchos ciudadanos que nos comentan las numerosas dificultades que encuentran cuando van a solicitar la PCI a su ayuntamiento. Así, tras las elecciones locales del pasado mes de mayo muchos ayuntamientos han encontrado la coartada perfecta para paralizar las gestiones de tramitación de la solicitud, cuando no cansan a la persona peticionaria con innumerables requisitos, o no se le informa debidamente, o se da cita varios meses por delante, o se obliga a los ciudadanos a guardar importantes colas frente a sus oficinas para acabar atendiendo sólo a 24 personas por día, para desesperación del resto.
V.- Conclusiones.
Visto lo visto, analizados los datos, desde la Plataforma no podemos más que concluir condenando la falta de voluntad y el engaño que desde el Gobierno de Canarias se manifiesta con el desarrollo y aplicación de la Ley de la PCI.
Es altamente ofensivo para cualquier ciudadano de bien comprobar las cantidades que se manejan en la RIC o ver cómo se destinan 84 millones de euros para Alta Dirección o 36 para la RTVC y sólo 20 para cubrir las necesidades básicas de tantas miles de personas que sufren en Canarias.
Tras todo lo dicho:
-Conminamos a la ciudadanía a no permanecer pasiva ante tan mala gestión;
-Invitamos a colectivos sociales, grupos políticos, sindicatos y particulares comprometidos a que se sumen a nuestra demanda ciudadana;
-Y exigimos al Gobierno de Canarias que deje de mentir, asuma la realidad que les estamos mostrando y aumente considerablemente las partidas presupuestarias para necesidades básicas de los ciudadanos en riesgo de exclusión.
*Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario se publicará una vez visto por el Moderador. Gracias por escribir. Ahul