Si observamos con detenimiento la historia política reciente en el Estado español, desde la propia naturaleza de la Transición, la cultura de pacto y conciliación de sus principales actores; si observamos el consenso que ha comprometido la actuación de los partidos institucionales de izquierda y de los grandes sindicatos en la apuesta por la solvencia del sistema, entonces podremos entender por qué, en este momento de crisis económica y social aguda los culpables de la misma, las élites ricas y poderosas, los grandes empresarios y financieros, lejos de purgar su culpa, manifiestan por el contrario descaro y arrogancia en sus exigencias y réplicas al Estado actual de derechos. Sus exigencias para el recorte de los derechos de la clase trabajadora, sus réplicas a las prestaciones públicas y de protección social (pensiones, sanidad, desempleo), ciertamente obedecen a lo que podemos denominar “acumulación por desposesión” en el modelo presente de liberalismo contemporáneo.
Todo esto no sería en exceso preocupante si nuestra respuesta intelectual y movilizadora estuviese organizada y con relativo equilibrio en la relación de fuerzas que concita la lucha de clases. Pero es precisamente esto lo que está en entredicho. Desde el primer momento de la Transición se ha celebrado como ritual y ceremonia del sistema una disciplina de conciliación de clases que ha atenuado el enfrentamiento entre capital y trabajo. Fue inaugurada por los Pactos de la Moncloa y sucedida posteriormente por los diferentes AMI, con la alternancia y el acuerdo, unas veces de CCOO y otras de UGT, o de ambas a la vez. En la actualidad mantiene su vigencia en los Pactos confederales para la negociación colectiva. El objetivo y la consecuencia de los mismos ha sido, en todos los casos, un acuerdo de superestructura entre las organizaciones empresariales y sindicales, un pacto vertical que ha sustituido a los trabajadores en su soberanía y participación. Ha organizado de manera tácita y pacificada un declive de las rentas del trabajo que se han transferido a las rentas del capital en todos estos años de una manera constante.
Esta cultura de pacto no ha sido inocente y ha provocado al mismo tiempo una transformación en las estructuras y la organización de las propias centrales sindicales viciadas en la apuesta de este modelo. En la actualidad estas organizaciones y la mayoría de sus cuadros sindicales no están preparados para organizar y enfrentarse al cont1icto. Su vocación por el diálogo social permanente los ha convertido en "interlocutores sociales", en agentes sociales del sistema. Esta nueva "versión" del sindicalismo les ha proporcionado un espacio acogedor dentro del sistema, repleto de medios económicos y acompañado de un resplandor mediático en el que sus portavoces se sienten especialmente cómodos e importantes. Una figura que han aceptado voluntariamente, al tiempo que han renunciado a acreditarse socialmente como sindicatos.
Mientras se sucedían en la alternancia del gobierno la socialdemocracia liberal y la derecha, los partidos de la izquierda institucional han abandonado en su discurso y en su trabajo político el cont1icto social en todas sus vertientes, y sobre todo la lucha de clases. Hoy no está de moda, y las nuevas generaciones de la clase trabajadora, las posteriores a la Transición, no saben interpretar los cont1ictos del sistema sobre esta base científica. No encuentran por lo tanto respuestas ni alternativas a una lógica destructiva que condena progresivamente a una mayor parte de la población a la marginalidad, a la pobreza y a la sobreexplotación.
El mundo del trabajo en estos últimos 30 años ha experimentado una caída brutal y demoledora de los derechos en el trabajo. Las diferentes reformas laborales y la reducción de las prestaciones y coberturas sociales han generado un enorme desequilibrio e indefensión en la relación de fuerzas para la clase trabajadora. Además de las reformas legislativas, se produce al mismo tiempo, con carácter universal, una modificación de alcance estructural en la que resultarán especialmente damnificadas las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras que comienza a finales de la década de los 70 lo que conocemos como terciarización del trabajo y algunos toyotismo. La actividad que hasta entonces se desarrollaba por una sola empresa en condiciones laborales y salariales uniformes se reconvierte con nuevos modos de subcontratación. Por primera vez en la historia del capitalismo, el mismo trabajo será compensado en derechos y salarios de manera distinta. Se produce una estratificación a modo de castas entre la clase trabajadora, fijos y eventuales, de la empresa principal o de la subcontrata y posteriormente ETTS. El capital logra imponer sus condiciones en un escenario ideal de sobreexplotación para transferir de la manera más vertiginosa la mayor cantidad de rentas del trabajo a las rentas del capital. Se produce una inflexión histórica: por primera vez las nuevas generaciones de trabajadores tienen menos derechos y peores condiciones que la anterior. Todo esto sucede al tiempo que se impone la doctrina del pacto y del diálogo social en una simbiosis esquizofrénica. Hemos visto sus resultados.
Esta reforma estructural en los modos de subcontratación no se ha completado, la privatización en los dominios del sector público no está terminada y seguirá creciendo en los ámbitos de las administraciones estatal y autonómica y de los ayuntamientos.
Todas las reformas laborales ejecutadas durante este tiempo reinciden en lo mismo y generan indiscutiblemente mayor precariedad. El hecho de que su aspecto central en todos los casos haya sido el abaratamiento del despido y nuevas formas de contratación, nos proporciona un dato empírico: el Estado español es desde siempre el espacio de mayor precariedad en Europa, y hemos constatado cómo por la combinación y "virtud" del diálogo social las rentas del salario han crecido una tercera parte en los últimos años en relación a la media europea, mientras los beneficios empresariales han crecido el doble de la media europea (datos de la OCDE período 1999-2009).
Para despejar cualquier duda en el ejercicio matemático del resultado de expropiación de las rentas del trabajo y de la acumulación de capital en estos años, podemos comprobarlo con el caso de Galicia con los datos de la Agencia Tributaria y del ICE (Instituto Gallego de Estadística). En la actualidad, un 1 % de la población gallega acapara el 25')10 del PIB. Otro dato demoledor es el que compara la evolución de las rentas en los últimos 30 años. En 1980 las rentas del trabajo representaban el 63%, mientras las rentas del capital oscilaban sobre el 24%. En la actualidad, por primera vez las rentas del capital son mayores que las del trabajo, resultando todavía más grave que la población asalariada se ha multiplicado por dos en este mismo período. La ecuación es sencilla: el doble de trabajadores, la mitad de la renta.
Simplifiquemos los hechos: estamos discutiendo sobre el reparto de la riqueza, sobre derechos y justicia social. Las reformas afectan al mundo del trabajo, a los activos y pasivos, y estamos tomando conciencia de que nos enfrentamos a un proceso imparable que no se tiene intención de rectificar. Sabemos que el capitalismo tiene su lógica de acumulación, que en su reproducción el capitalismo financiero representa 4 veces más en movilización de dinero que el capitalismo productivo, que está enormemente concentrado y sus dictados y poder ponen en entredicho la soberanía de los propios estados. Mayor acumulación, y por tanto mayor urgencia de dinero, para mantener la constante de acumulación. Necesariamente el dinero, la riqueza real, no especulativa, sale del mundo del trabajo. No hay por tanto retroceso. Las reformas seguirán.
Sabemos que empobrecer a los trabajadores, abaratar el trabajo, precarizarlo, etc., no crea empleo, ni hace más competitiva la economía ni ayuda a superar las crisis de consumo. Hoy es evidente. En Europa, los estados en grave crisis recesiva son aquellos que tienen los peores salarios, mayor precariedad, en los que el gasto público y social son menores, pero se reincide en la misma doctrina política. La reciente reforma laboral, las medidas aprobadas estos días para reducir la fiscalidad a la empresas y dejar completamente desprotegidos a los más necesitados, los parados, la privatización de sectores públicos altamente rentables para negocio del capital demuestran una obscenidad indecencia que sólo creíamos propia de la derecha. La siguientes reformas anunciadas de pensiones, desempleo y negociación colectiva profundizarán en la incautación de derechos y rentas de la clase trabajadora.
Resulta crucial para nosotros enfrentamos a este modelo y para esto debemos recuperar nuestro trabajo intelectual. Las organizaciones de clase, y fundamentalmente los sindicatos, tenemos oportunidad y lugares para trasladar nuestro mensaje. Cada centro de trabajo es potencialmente un lugar en el que tenemos audiencia y debemos comunicar la vigencia de la lucha de clases. En Galicia, el año pasado, en plena crisis, nuestra organización ha enfrentado 11 huelgas por convenios en sectores provinciales de trabajo, con la instrucción de politizar nuestro mensaje, explicando el reparto de la riqueza injusticia que representa este modelo, sin complejos, explícitamente, trascendiendo lo puramente reivindicativo. Tener espacios vitales para el conocimiento, la empatía, la comisión y la creación del individuo. Lugares que no se puede desagregar de su dinámica social. Los centros de trabajo, escuelas, las universidades y los lugares de actividad social potencialmente constructores de una respuesta comprometida que se sobreponga a la barbarie. ¡Trabajemos conjuntamente y de manera horizontal con aquellas otras organizaciones de carácter social, críticas en su espacio con el sistema al mismo tiempo, con los partidos de la clase, trabajad influyendo en su política de masas, provocando la audiencia defensa y necesaria de nuestras reclamaciones. Politicemos pacientemente a la clase trabajadora y su respuesta será la que debilitará este modelo y este sistema.
*Antolín Alcántara es Secretario Confederal de Negociación Colectiva de la Confederación Intersindical Galega
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