jueves, 25 de noviembre de 2010

Miles de personas participan en las calles de Canarias en el Día Internacional Contra La Violencia De Género



El 25 de noviembre, fue declarado día Internacional contra la Violencia hacia la mujer en el Ier Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de Estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.
Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipio. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia.
En 1999, la ONU dio caracter oficial a esta fecha.
Publicamos a continuación el Manifiesto elaborado por la Secretaría de la Mujer de Intersindical Canaria con ocasión de este evento...

CONSTRUYAMOS UNA SOCIEDAD IGUALITARIA.
PAREMOS LA VIOLENCIA MACHISTA

Un año más desde la SECRETARÍA DE LA MUJER DE INTERSINDICAL CANARIA decimos que la violencia hacia las mujeres es la consecuencia más grave de la desigualdad entre hombres y mujeres y la expresión dramática de un sistema de poder que ha colocado históricamente a las mujeres en situación de inferioridad respecto a los hombres. La violencia machista la sufren mujeres jóvenes, adultas y de mayor edad, mujeres de todas las nacionalidades, clases sociales y niveles de formación, las económicamente más fuertes y las más desfavorecidas. Y la padecen tanto en el ámbito privado como en el público.
                                                        
Se estima que en este mismo momento 400.000 hombres en todo el Estado español están maltratando a alguna mujer. Extrapolando datos de población, tendremos una idea bastante aproximada de lo que esta pasando en Canarias.

En este año 2010 son ya casi 70 las mujeres víctimas mortales de violencia machista en el Estado español. A ellas hay que sumar la vida  de 9 niñas y niños vilmente asesinadas y asesinados, ya sea para castigar a la madre, o porque una vez asesinada ésta, el agresor decide acabar con cualquier lastre que impida su huída. En Canarias, a día de hoy son ya 10 las mujeres asesinadas, una macabra cifra que nos coloca, como en otros tantos indicadores sociales, en una posición muy negativa en comparación con el conjunto del Estado español.

Además, hay muchas mujeres que no forman parte de la estadística, pero viven gravísimas situaciones de discapacidad sobrevenida después de un grave episodio de violencia machista: invidencia, quemaduras, tetraplejia,… Las consecuencias de estas situaciones son devastadoras, acabando muchas de ellas en suicidios.

A pesar de lo alarmante de los datos, apunta el Observatorio contra la Violencia de Género que se ha reducido el número de denuncias por maltrato. Si tiempo atrás se argumentaba que el aumento de las denuncias no significaba necesariamente el incremento de las agresiones, sino más bien un aumento de la sensibilidad social y de los recursos de apoyo a las víctimas, es posible también aventurar algunas hipótesis que expliquen la reducción de las mismas.

Una explicación es la falta de credibilidad de las mujeres, por una parte, en el sistema de protección que es incapaz de evitar en ciertas ocasiones que el agresor acceda a ellas, a pesar de las órdenes de alejamiento, y por otra, en las escasas posibilidades que se les ofrece de ingresos mínimos imprescindibles para su sostenimiento. Y lo que es más grave, el de sus hijas e hijos.

Las estadísticas de mujeres asesinadas cada año, los mitos que se generan sobre las denuncias falsas, las sentencias reaccionarias de algunos miembros de la judicatura, así como la falta de políticas públicas efectivas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres,  nos dicen que el camino para construir una sociedad igualitaria es aún muy laborioso.

En estos momentos en que los gobiernos hacen recaer la crisis de capital sobre las clases trabajadoras, y más concretamente sobre sus mujeres, desde INTERSINDICAL CANARIA EXIGIMOS:

  • Que el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres sea una prioridad al más alto nivel político. Para ello, las competencias de la materia, deben estar  en ministerios o consejerías específicas, o al menos adjuntas a las presidencias, como única forma de garantizar la transversalidad de las políticas.

  • Que de forma estricta y urgente se cumpla la legislación, tanto estatal como canaria, en todas aquellas medidas relacionadas con la atención eficaz a las mujeres victimas de violencia machista, para que la ciudadanía pueda comprobar que existe realmente voluntad política de contribuir a erradicar el problema y que no se trata de meras operaciones de maquillaje. Es necesario acabar de una vez por todas con la clara hipocresía de las Instituciones públicas canarias muy centradas en impulsar acciones “visibles” de protesta ante este tipo de violencia, cuando en paralelo se está aplicando una descarada política de recorte presupuestario en la materia.
  • Que no sólo no se reduzcan los presupuestos destinados a atender las distintas consecuencias de la violencia machista, sino que se garantice una atención integral ajustada a la gravedad del problema, una respuesta planificada y coordinada que asegure el acceso a los recursos socio-económicos a todas las mujeres que lo necesiten. 
  • Que se asegure la coordinación real y eficaz de la Judicatura y los cuerpos de seguridad y que se garantice el cumplimiento estricto de las órdenes de alejamiento para evitar más asesinatos de mujeres y de sus hijas e hijos y alcanzar la credibilidad imprescindible que las mujeres necesitan para recurrir a ellos.
  • Que se realice una gestión directa por parte de las administraciones competentes en la prestación de servicios especializados en violencia de género, que garantice la estabilidad de dichos servicios y supere las actuales condiciones de franca precariedad laboral del personal que los atiende.
  • Que se desarrolle en todos los niveles  educativos, desde infantil a la universidad, y en la formación para el empleo, un modelo coeducativo y laico, que incluya una Educación Afectivo Sexual Integral  y el desarrollo de unidades específicas de prevención de la violencia machista.
  • Que sea penalizada la violencia estructural y sistemática ejercida sobre las mujeres en el ámbito laboral como precarización contractual, desigualdad retributiva y cualquier forma de acoso, mediante el ejercicio de una Inspección de Trabajo especializada en materia de igualdad.
  • Que los decálogos de los medios de comunicación dejen de ser meras declaraciones de intenciones y se conviertan en instrumentos regulados para impedir que difundan estereotipos sexistas, culpabilicen a las mujeres y, en algunos casos, realicen apología de la desigualdad.
  • Que se desarrollen políticas de concienciación y prevención ante la violencia machista, dirigidas a todos los sectores de la población, que promuevan una implicación activa de la ciudadanía.
  • Que se desarrolle una rigurosa evaluación de los resultados de las políticas estatales, autonómicas y locales que se han implementado en relación con la lucha contra la violencia de género.
  • Que se cuestionen, y se suspendan si fuera necesario, las relaciones con los estados que de forma flagrante y reiterada atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, tanto de forma cotidiana como en épocas de conflicto.
Una muy especial referencia solidaria hacemos en este 25 de Noviembre de 2010 hacia las mujeres saharauis que están siendo objeto de una brutal represión por parte del gobierno marroquí, para desde aquí exigir al Gobierno Español que denuncie con contundencia la vulneración de los derechos humanos de Marruecos en los territorios ocupados del Sahara occidental y defienda activamente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

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