El 91,6% de los ERE autorizados en los dos primeros meses de este año, fueron pactados entre los empresarios y los representantes de CCOO y UGT

UGT y CCOO se embolsan hasta un 10% del coste por despido en cada ERE

S bien sabido que tanto CCOO como UGT utilizan en ocasiones empresas para camuflar ingresos por estudios inexistentes. De hecho, varios despachos de asesores jurídico-laborales han denunciado que pactan tarifas al margen de su representatividad...

Paradójicamente, la crisis económica se ha convertido en una importante fuente de financiación para CCOO y UGT que, a través de sus asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores obligado a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Al margen de las cuantiosas subvenciones que reciben del Estado y de las comunidades autónomas, UGT y CCOO hacen así "caja" con los trabajadores afectados por las regulaciones de plantilla, incluso cuando la indemnización debe ser pagada por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). De esta forma, cuanto mayor sea el número de trabajadores afectados por los ERE, mayores serán los ingresos de dichas organizaciones.

Un dato importante a tener en cuenta en Canarias, es que la contratación del Profesional en derecho social para negociar los términos del ERE con la compañía, se realiza por el Comité de Empresa, por el Delegado de Personal o en su defecto, por aquellos Sindicatos a quienes el Estado, de conformidad con la legislación vigente, reconoce la condición de "más representativos" (que son -¡fíjese usted qué casualidad!- UGT y CCOO), pero no con cada uno de los trabajadores.

Es importante tener en cuenta que, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración español, los 354 expedientes de regulación de empleo autorizados en las Islas durante 2010 incluyeron a 4.584 trabajadores, un 22,9% más que en 2009, dato que contrasta con el recorte del 11,7% en España. Además, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados en 2010 por las autoridades laborales descendió en el estado español un 13,2% en tasa interanual, hasta los 3.457 procesos. Estos ERE significaron en el conjunto del estado español el despido de 51.880 trabajadores (un 18,3% menos que en 2009, en ese ámbito territorial). Sin embargo, de entre ellos, 1.485 eran asalariados de Canarias, lo que significa un 64,3% más que el año anterior.

Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo alcanzaron los 10.532 afectados, un 20,9% menos. Trabajo no ofrece datos de cuántos de estos procesos se autorizaron en Canarias, pero sí de los afectados, que aumentaron un 23,2%, hasta los 2.657.

Por contra, los ERE de reducción de jornada, que permiten combinar el empleo con el cobro de la prestación por paro, se aplicaron sólo a 3.160 trabajadores, un 48,3% más, eso sí, que en 2009. En las Islas se incluyeron sólo 442 empleados (-34%).

La estadística correspondiente a los dos primeros meses de 2011, muestra que, aunque en España han descendido los ERE con respecto al mismo periodo del año anterior en un 11,7 por ciento, en Canarias continúa la tendencia alcista. Por otro lado, los anuncios realizados por diversas cajas de ahorros y, sobre todo el de Telefónica, hacen pensar en un cambio de tendencia a estas alturas en lo que se refiere a España y un aumento de los índices en Canarias. Durante dicho período, según los datos de Trabajo, el número de expedientes presentados en el conjunto del territorio del Estado fue de 3.200, de los que se autorizaron 3.111, que afectaron a 44.404 trabajadores. El número de ERE "pactados" ascendió a 2.850 y afectó a 40.295 trabajadores, lo que supone el 90,7 por ciento del total.

Y más grave aún es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con alguno de los ERE fraudulentos en Andalucía. Como el de Delphi, donde los citados sindicatos podrían haberse embolsado 2,4 millones de euros en concepto de "mediación", después de que sólo 600 de los 1.500 trabajadores afectados por el cierre hayan podido ser recolocados.

Pero los ingresos no vienen sólo vía asesoría jurídica sino que, en muchos casos, aparecen incluso facturas que responden a "estudios" o "informes" que nunca llegan a ver la luz, según denuncian algunas empresas. Esta documentación suele ser facturada por sociedades instrumentales.