Intersindical Canaria responde adecuadamente al chantaje del Gobierno autonómico

Las Federaciones de Intersindical Canaria del ámbito de las y los empleados públicos (Enseñantes, Sanidad y Administraciones Públicas) celebraron una rueda de Prensa en la que respondieron adecuadamente a la actitud de la representación del Gobierno autonómico de CC, cuya delegación viene haciendo gala de una chulería y prepotencia intolerables, en el curso de las "negociaciones" que están manteniendo con los sindicatos representativos del sector en la "Mesa General de Empleados Públicos" (además de IC, SEPCA, UGT y CCOO), foro en el que el Gobierno pretende utilizar como "monedas de cambio" para el mantenimiento de acuerdos legales vigentes en materia de derechos sindicales, el que la representación de las y los empleados se avenga a comprometerse a un "pacto de paz social" que, a efectos prácticos, significa que mantengan un silencio cómplice ante medidas (unas ya perpetradas, otras anunciadas y otras muchas insinuadas) que atentan gravemente contra el sostenimiento de los servicios públicos y la propia estabilidad en el empleo público. La posición de IC ha quedado clara con las declaraciones públicas que reproducimos a continuación. No podemos decir lo mismo de la actitud de CCOO y UGT (aunque esto último, a estas alturas, ya no sea noticia)...

Según el comunicado distribuido por Intersindical Canaria, el principio universal de cualquier administración pública ha sido siempre garantizar que cualquier ciudadano, con independencia de sus ingresos, pueda tener cubiertas sus necesidades básicas, algo que cada día queda más lejos con el gobierno de Canarias.

Intersindical Canaria denuncia que el gobierno de Canarias se está aprovechando la actual situación económica para arremeter contra cualquier servicio público “no rentable” que esté dirigido a cubrir necesidades esenciales de la población, aniquilando derechos sociales y laborales.

Desde el actual gobierno se solicita a las organizaciones sindicales paz social y, para garantizarla, pretenden instrumentalizar la negociación de un derecho. Las dispensas de crédito horario sindical son un derecho derivado de acuerdos firmados y reconocidos por la administración, al igual que los derechos laborales fruto de acuerdos y pactos sindicales que unilateralmente este Gobierno ha dejado sin vigor a través de la ley de Presupuestos de este año.

Intersindical Canaria no ha aceptado ni aceptará este chantaje, por lo que no ha participado en la firma de la prórroga de las liberaciones a cambio de nuevas restricciones de derechos, muy al contrario el papel de nuestra organización ha sido y seguirá siendo el plantear a este gobierno la necesidad de estudiar un paquete de medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos. En este sentido proponemos:

-       La reducción de empresas y fundaciones públicas, así como de altos cargos, que en la mayoría de los casos sirven para el pago de fidelidades.

-       Replanteamiento de la RIC, por la que se permite al empresario estar exento del pago de una buena parte del impuesto de sociedades durante un tiempo determinado, para luego no controlar dónde se invierte este dinero.

-       Disminución del gasto público destinado a la Radiotelevisión Canaria.

-       Eliminación de la policía autonómica por ser un servicio creado innecesariamente dado que duplica funciones.

-       Racionalización de las subvenciones millonarias a las organizaciones sindicales y patronal.

-       Medidas de control del fraude fiscal.

-       Rescatar otras fórmulas de ingresos como el impuesto de sucesiones para los grandes patrimonios.

-       Aprovechar los servicios públicos propios para gestionar competencias que se han privatizado.

-       Uso del software libre.

-       Reducir anualmente un 10% de los presupuestos destinados a los conciertos de la educación privada hasta acabar con las concertaciones. Invertir esos recursos en la consecución del objetivo de que el 7% del PIB se destine a la enseñanza pública.

-       Acabar con las “peonadas” y “prolongaciones de jornada” en el sector sanitario, rentabilizando al 100% los recursos e infraestructuras públicas, recuperando  la actividad sanitaria que en los últimos años se ha externalizado.

-       Control de las derivaciones de actividad sanitaria al ámbito privado.

Al parecer, la prioridad para este gobierno en la actualidad no es escuchar las propuestas que tiene esta organización sindical en aras de mejorar la administración pública. Muy al contrario, su objetivo es el  mantener cierta tranquilidad y paz social durante la campaña preelectoral, y así nos lo han transmitido a través de sus interlocutores en distintas reuniones para lo que no contarán con nuestra organización sindical.

Por último, desde Intersindical Canaria hacen un llamamiento a la ciudadanía a realizar una reflexión sobre lo que está ocurriendo en la actualidad, y así caminar juntos  en la construcción de una conciencia colectiva que frene las agresiones que permanentemente impone un Gobierno que desde luego no es el que se merece la sociedad canaria.