El Gobierno y los sindicatos españoles CC.OO y UGT discriminan a las clases trabajadoras canarias*

Con la Ley de Pensiones, nuevamente recaen sobre la población canaria los efectos más perniciosos de las diferentes reformas emprendidas por el Gobierno español. El alargamiento de la vida laboral hasta los 67 años y la ampliación del cálculo para la fijar la cuantía por jubilación de 15 a los 25 años, no hará otra cosa sino incidir en mantener y agravar el negativo diferencial de las clases trabajadoras canarias, quienes ya vienen percibiendo como pensión de jubilación unos 150 euros menos que la media española. Las personas trabajadoras del Archipiélago serán doblemente castigados, ahora con una reducción en su pensión de hasta en un 20% por la aplicación del nuevo sistema de cálculo...

Aquellos aspectos que por parte de los firmantes del acuerdo se viene presentando como positivos como la posibilidad de concluir la vida laboral a partir de los 63 años con la obligación de haber cotizado 33 años, su aplicación practica va a excluir a una gran parte de personas pues difícilmente van a poder  acumular tal periodo de actividad laboral. Llevado al ámbito laboral de Canarias, la medida va a ser inaplicable al mantenerse en el Archipiélago los peores indicadores en temporalidad laboral y desempleo, haciéndose materialmente imposible acogerse a la norma.

Hay que recordar que salarios y cuantía de pensiones están directamente interrelacionados, y aquí también las clases trabajadoras del Archipiélago reciben el duro castigo de cobrar los peores salarios del Estado.

Tomando como referencia los actuales indicadores, el Gobierno español y los sindicatos CC.OO y UGT,  firmantes del acuerdo sobre la nueva ley de pensiones, reinciden en un acto de segregación racial hacia los trabajadores y las trabajadoras de Canarias, manteniéndoles y empujándoles hacia  los peores niveles de dignificación socio-laboral en relación con la media española y europea. Junto a la conocida práctica política excluyente hacia Canarias desarrollada por los gobiernos españoles, CC.OO y UGT son además cómplices del bajo nivel salarial de los trabajadores y de las trabajadoras de Canarias al estar bajo su responsabilidad la mayoría de convenios colectivos firmados en nuestro territorio. Añadidamente, tanto el actual Gobierno de Canarias como la representación de Coalición Canaria en el parlamento español, continúan haciendo de cómplices necesarios es esta política de agravios. Tanto los resultados de su nefasta política en el ámbito de su estrictas competencias en el Archipiélago como en su mezquino papel para cimentar todas las medidas económicas y laborales del Gobierno Zapatero, así lo atestiguan.

   

La hipócrita campaña orquestada por los artífices de las nuevas reformas laborales y de pensiones,  presentándolas como positivas para las clases trabajadoras del Archipiélago, resulta doblemente ofensiva.

*Antonio Sardá Artiles, miembro del Secretariado Nacional de Intersindical Canaria (artículo recogido de Magec-Prensa Canaria).