La reforma constitucional para limitar el déficit público traerá a Canarias mayores recortes en derechos sociales básicos*

LA intención del gobierno del Estado español de reformar la Constitución para limitar el déficit público ha puesto de manifiesto una serie de cuestiones importantes: La primera es la constatación de la absoluta dependencia del estado español que, incapaz de generar políticas propias, no hace más que obedecer ciegamente los mandatos emanados desde los centros de poder financiero, recordemos que fueron Merkel y Sarcozy quienes prácticamente ordenaron al gobierno de Rodríguez Zapatero llevar adelante esta propuesta que no se adecua a la realidad del Estado español y, menos aún, a las dramática situación de emergencia social que soporta el pueblo canario, condenado a la doble marginalidad de ser la colonia de un país periférico de la Unión Europea...

Una segunda constatación es que el resultado objetivo de esta medida se traducirá en mayores recortes en los servicios sociales básicos, la educación y la salud. Esto es comprobable en el hecho de que, mientras el gasto social viene recortándose constantemente en los últimos tiempos, no se ha tocado ni el gasto militar, ni los gastos suntuarios de la casta política ni, menos aún, las generosas ayudas que brinda el gobierno a la banca; con lo cual podemos prever que, como siempre será la clase trabajadora quien cargue en sus espaldas los recortes necesarios para alcanzar dichos niveles de déficit.

Una tercera y más grave constatación es que en Canarias, dado el diferencial histórico negativo, esta medida será doblemente lesiva. Recordemos que el archipiélago ha sido el territorio dónde los recortes en materia de salud y educación reflejados en los presupuestos del presente año han sido más sangrantes, poniendo los servicios públicos en una verdadera situación límite que, en caso de mayores recortes relacionados con la disminución del déficit público, pondrían en verdadero riesgo la viabilidad de dichos servicios; más aún cuando no solamente limitará el gasto del gobierno central, sino también el de los gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

Desde Intersindical Canaria nos oponemos tajantemente a que, el gobierno del Estado español en manos del PSOE, en complicidad con los grupos parlamentarios del PP, quiera aprobar esta medida lesiva a los intereses del pueblo canario sin que medie además ningún tipo de consulta. Exigimos asimismo que, un cambio de este calado en el texto constitucional sea llevado a referéndum para que, ante el evidente descrédito de la casta política, sean los ciudadanos quienes definan si están de acuerdo en seguir pagando una crisis que sufren pero que definitivamente no han provocado.

*Secretaría de Comunicación de Intersindical Canaria