[La mayoría canarios] Después de 3 años, las víctimas del accidente de Spanair continúan clamando justicia*

tres años del accidente de Spanair, todo apunta a que el Gobierno español, en complicidad con la compañía aérea y la firma Boeing, pretenden echar tierra sobre las responsabilidades conjuntas y compartidas en las que incurrieron en el trágico accidente que segó la vida de 154 personas (la mayoría de ellos canarios). Tras una interminable espera en conocerse los primeros resultados de la investigación, el informe técnico hecho público hace escasos días y emitido por Aviación Civil, hace recaer sobre los pilotos del vuelo las responsabilidades del accidente, confirmándose de tal forma las peores pronósticos ya realizadas por Intersindical Canaria en el año 2008 en el sentido que la investigación oficial acabaría por inculpar a los que hoy ya no tienen voz, empujando además al juzgado de Madrid que tramita la causa hacia similares y definitivas conclusiones. 

La amañada línea de investigación sobre el accidente impulsada por el Ministerio de Fomento, pasa por alto o de puntillas sobre circunstancias relevantes tales como las incidencias habidas previamente con los aviones M-80, involucrados en 56 accidentes entre los que se cuentan 23 con destrucción de la nave. Con respeto al aparato accidentada el 20 de agosto del 2008, existían razones suficientes que desaconsejaban su uso al no contar con certificación de aeronavegabilidad caducada desde hacía mes, la deficientes inspecciones realizadas al aparato M-80 siniestrado, y la existencia de al menos dos incidencias los días previos al siniestro por los excesivos niveles alcanzadas por las sondas de temperatura RAP, a pesar de lo cual la compañía de forma negligente mantuvo el aparato como operativo. Objetivamente, el sinistro pudo evitarse de haberse suspendido el vuelo tras el primer intento de despegue fallido. Como colofón de la sucesión de irregularidades, la situación de crisis de Spanair y la precariedad de medios de los equipos técnicos pudo ser también determinante en la defectuosa e improvisada asistencia técnica del vuelo JK5022. Paralelamente, tras la explosión del avión, los servicios de emergencias tardaron cerca de 40 minutos en prestar los primeros auxilios a las víctimas.

Los 70 canarios víctimas del siniestro aéreo y el cúmulo de circunstancias que motivaron el accidente, justificaban la personación del Gobierno canario en la causa judicial abierta, lo que le hubiese permitido la solicitud de diligencias complementarias al juez y el conocimiento puntual de la marcha de las mismas. Contrariamente, el Ejecutivo renunció a tal posibilidad, subordinándose nuevamente al gobierno de Madrid y manteniendo durante estos últimos tres años un comportamiento de inhibición ante las anómalas investigaciones y una actitud irreverente hacia los familiares de las víctimas que moralmente le inhabilita para representar al pueblo canario. La lacónica negativa del gobierno canario a hacer cualquier valoración del informe de la Ciaiac, bajo el pretexto de ser un asunto en tramitación judicial, resulta intolerable cuando su contenido carece de intervención de la judicatura.

Intersindical Canaria, en paralelo con la exigencia de la Asociación de Afectados, demanda la revisión del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil por su evidente parcialidad, además, reclama iniciativas parlamentarias a través de los diputados canarios en el parlamento español para forzar la conclusión objetiva de las investigaciones que colaboren a mejorar el deficiente sistema de seguridad aéreo español y especialmente el canario. Pero además de la concreción de las responsabilidades que en las causas del siniestro puedan recaer sobre el Gobierno español y la compañía aérea, queda aún por determinar si el Archipiélago viene siendo discriminado en la calidad del servicio aéreo que comunica las islas entre si y el exterior que ocasionan miles de reclamaciones al año de los residentes en las islas.

*Secretaría de Comuniucación de Intersindical Canaria