No deberíamos sorprendernos. Cuando querían vendernos el llamado “Tratado Constitucional Europeo”, al comprobar el rechazo popular que suscitaban, suspendieron referéndums y, en un auténtico golpe de Estado, impusieron lo sustancial de la “constitución europea” simplemente cambiándole el nombre. Ahora se llama “Tratado de Lisboa”, y está en vigor sin consultas populares ni otras zarandajas.
A medida que han recortado salarios y derechos laborales y sociales, los Estados europeos se han ido despojando de la máscara democrática y enseñando cada vez más el verdadero rostro de la dictadura burguesa. No es casual el acelerado aumento de las medidas represivas y la violencia policial. Hasta en la “democrática” Gran Bretaña, el primer ministro Cameron ha amenazado con sacar el ejército a la calle.
La socialdemocracia española no se ha quedado atrás. Empezó el año con una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que impide en la práctica que partidos que no sean del stablisment puedan presentarse a las elecciones. Después asistimos a la implantación, por primera vez desde la muerte de Franco, de un Estado de excepción, en el grado de “Estado de Alerta”, contra un colectivo de trabajadores. Y han terminado lanzando a los antidisturbios a apalizar adolescentes y periodistas.
Y el año aún no ha terminado.
La verdad es que no les queda otra. Si se lleva a la gente al borde del hambre, hay que apretar las tuercas no sea que se rebelen y pongan en peligro los beneficios del Banco de Santander, del BBVA, de Telefónica, de FCC, de Repsol, de todas las grandes corporaciones oligárquicas. Los recortes conllevan necesariamente la represión y la eliminación de las “tonterías democráticas”.
Tomando como fuente del derecho español las imposiciones del imperialismo franco alemán, se trata ahora de amarrar las políticas de ajuste del gasto público hasta el “déficit cero”, por mucho que los problemas económicos no estén en el déficit del Estado sino en la deuda privada, fundamentalmente la de los bancos.
Aún más: dado que para reformar el engendro constitucional español se precisan tres quintos del Congreso (y al menos la mayoría absoluta del Senado), revertir esta reforma necesitaría del apoyo del PP.
Se cercena así la posibilidad, al menos teórica, de políticas de inversión pública que relanzasen la producción y el consumo, por mucho que, por lazos del diablo, triunfase un gobierno verdaderamente de izquierdas.
Por si fuera poco, se establece como prioridad del gasto para todas las administraciones públicas el devolver los créditos, es decir, primero pagar a los bancos y después ya veremos.
Lo que son incapaces de comprender, pues les ciega su ideología, es que lo que consiguen con eso es que, cuando la gente se decida a cambiar las cosas, queda definitivamente descartada cualquier “reforma constitucional” pacífica, y que todas sus leyes y conchabos, todas sus instituciones y monarquías, irán directamente a la basura.
Eso sí: hay que agradecerles que, a traición y como las ratas en las “alcantarillas del Estado”, acaben definitivamente con cualquier ilusión reformista. Ahora, señores capitalistas y lacayos, solo nos dejan la vía revolucionaria.
Ustedes mismos.
*Teodoro Santana (PRCC)
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