EL cierre de los mercados mayoristas -donde se financian bancos y cajas de ahorros- le ha abierto una vía de agua al Estado de imprevisibles consecuencias. En un contexto de creciente aversión al riesgo, y con Grecia al pie de los caballos, el sector público ya ha avalado deudas de la banca privada por valor de 63.800 millones de euros, pero si se incluyen todas las operaciones emitidas con garantía del Estado, se estaría hablando de 88.994 millones de euros hasta el pasado 31 de julio...
La cifra es, por supuesto, la más alta jamás alcanzada, y lo que pone de manifiesto es que el sector público es ahora quien corre peligro en caso de que las entidades financieras colapsen por un agravamiento de la crisis en los mercados de deuda debido a su enorme exposición a la deuda pública (a medida que sube la rentabilidad, bajan los precios de los bonos). El Estado, a cambio de una comisión, es quien debe correr con las pérdidas en caso impago.
Los avales concedidos a bancos y cajas representan por el momento el 43,5% de los 146.700 millones que ha comprometido como máximo el Ministerio de Economía ante las autoridades de Bruselas, que deben aprobar las operaciones al tratarse de ayudas de Estado, lo que distorsionaría la libre competencia. La última autorización -quinta prórroga- fue remitida por Bruselas a Madrid el pasado 1 de junio, pero expira el próximo 31 de diciembre. Y nada indica que será la última.
Los mercados siguen cerrados y sólo las cámaras de compensación y la suavización del régimen de aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos han permitido aligerar algo la tesorería de las entidades financieras, que sólo pueden cerrar el grifo del crédito para asegurar sus niveles de solvencia. Hasta el momento, sólo las cajas de ahorros y algún banco pequeño han dispuesto de la garantía del Estado, toda vez que las grandes entidades han podido afrontar al temporal sin avales públicos.
Para hacerse una idea de las dificultades que tiene la banca para financiarse al margen del Estado, hay que tener en cuenta que representa un crecimiento del 39% respecto de noviembre de 2010, y desde entonces la crisis de deuda soberana no ha hecho más que deteriorarse. El estado español se comprometió ante el comisario Almunia -responsable de Competencia en la Comisión Europea y exministro psoeísta de Felipe González- a presentar durante esta misma semana un informe de evaluación sobre el funcionamiento del régimen de concesión de avales públicos. Y sobre la base de ese informe, Bruselas prolongará la autorización.
En su misiva de junio, la Comisión Europea admitía que dado que el objetivo de la medida consiste en ofrecer financiación “a corto y medio plazo” a las entidades de crédito que no pueden obtener fondos en los mercados financieros, o que sólo pueden obtenerlos con márgenes muy altos, se anunciaba que el régimen estará disponible “mientras dure la crisis financiera mundial”.
Ventajas para el sector privado
La legislación obliga a las entidades financieras a presentar ante el Tesoro Público un Plan de Viabilidad en caso de que las emisiones de una entidad superen los 500 millones de euros y representen más del 5% de sus pasivos totales. La ventaja de este tipo de operaciones para el sector privado, además de la obtención de liquidez, se deriva de que las emisiones avaladas no computan a efectos de recursos propios por riesgo de crédito.
Y es que la crisis del Sistema no da respiro. Lejos de resolverse, se agrava de la mano de las dificultades de Grecia para enderezar su economía. Ayer un portavoz del Gobierno heleno llegó a decir que el país sólo tiene dinero para pagar las nóminas de los empleados públicos y los pensionistas hasta el mes de octubre, lo que también puede interpretarse como una medida de presión para que se desbloquee el sexto pago de ayuda financiera. Un dato ilustra la naturaleza de los problemas.
El Banco Central Europeo (BCE) informó ayer que la semana pasada (sin incluir las operaciones efectuadas durante el jueves y el viernes) intervino en los mercados secundarios para adquirir 13.960 millones de euros. Aunque el BCE no explicita el destino del dinero (que será drenado en operaciones de esterilización monetaria para evitar efectos inflacionistas) los mercados daban ayer por seguro que se trata de emisiones soberanas del estado español e Italia.
Como se sabe, el pasado viernes el economista jefe del BCE, el alemán, Jürgen Stark, presentó su dimisión para mostrar su oposición por el programa de compra de bonos. También Axel Weber, ex presidente del Bundesbank (Banco Central de Alemania), dimitió hace unos meses y abandonó la carrera para sustituir a Trichet al frente del BCE.
Lo que está fuera de toda duda es que el caso griego vive sus horas decisivas, y aunque ayer todas las autoridades europeas se conjuraron para desmentir un colapso inmediato de la economía helena, lo cierto es que casi nadie lo cree. Algo que explica el ensanchamiento de los diferenciales de los países periféricos respecto de Alemania. En el caso del estado español, ha vuelto a situarse por encima de los 355 puntos básicos.
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