| El Alcalde (como se puede ver, un tipo bien cebado) no sufrirá, por ejemplo, la supresión del derecho al bocadillo de media mañana, como ocurrirá con las y los trabajadores municipales de Costa Martiánez |
La representación sindical de Intersindical Canaria señaló ayer, en rueda de prensa, en sintonía con la posición de la Junta de Personal y del comité de empresa, que la aprobación de los recortes salariales y sociales por el consistorio significa "una declaración de guerra y un ataque frontal contra los empleados públicos y sus familias". Advirtió de que "esa declaración de guerra tendrá una cumplida respuesta durante lo que resta de mandato municipal hasta las próximas elecciones locales y autonómicas de 2011 si no se corrige el alcance o el rumbo de tales medidas y lo hacemos con la convicción de que el durísimo recorte que se pretende ejecutar sobre la base de ese acuerdo plenario en los salarios directos de los funcionarios y del personal laboral no pueden tener amparo en el artículo 38.10 del estatuto básico del empleado público porque el grupo de gobierno se ha limitado a efectuar una interpretación abusiva y contraria a derecho de esa normativa".
Además, se aclaró que la plantilla municipal consta de 350 trabajadores y que el capítulo de personal representa el 32% del presupuesto y no un 70%, como falsamente ha manifestado el grupo de gobierno de CC-PP. La representación de los trabajadores puso en evidencia el alto coste de la factura en concepto de sueldos del grupo de gobierno y de personal de confianza para las arcas municipales, que superan los 517.000 y 274.000 euros anuales.
El presidente del Comité de Empresa, Juan Manuel Rodríguez Cornejo, señaló como un auténtico agravio comparativo los tipos de seguro de vida que rigen para los representantes políticos (grupo de gobierno y alcalde) y el resto de los empleados públicos municipales, de tal suerte que la de los primeros tiene una prima por fallecimiento, accidente e invalidez por 60.000 euros que contrasta con la de los segundos, cuya prestación equivale a 9.600 euros anuales.
Negó que existieran y se abonaran los pluses de formación, informática, reproducción de documentos, delineación, calcador y trabajo en alturas superiores a tres metros,"unas medidas que se caen por su peso porque no se pagan". En cuanto a las ayudas médico-farmacéticas, estas suponen 6.000 euros al año, que repartidos entre las y los empleados es de sólo 28 euros. En este sentido, Manuel González indicó que desde hace 18 años no se percibe ese tipo de ayuda, mientras que las relativas al estudio están congeladas desde 1999, y lamentó que se quiera dar por hecho algo que no es cierto.
Así, durante 2011, el Ayuntamiento suspende unilateralmente una larga lista de pluses y ayudas. La relación que expuso el edil de Recursos Humanos, Luis Miguel Rodríguez, incluye, por ejemplo, pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad, transporte y formación, o el convenio de los trabajadores de Costa Martiánez, a quienes, como nota curiosa, también se les suspende el bocadillo que reciben en la jornada laboral. Igual sucede con las pagas extraordinarias de marzo y septiembre, las ayudas al estudio, las médico-farmacéuticas (como se expuso) o los premios de nupcialidad y natalidad. Los complementos de productividad se restringirán de forma notable y algo parecido ocurrirá con las horas extra.
Desde Cuis-CANARIAS felicitamos a las y los compañeros del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por su determinación de alzarse frente a estos nuevos abusos de la Patronal (en este caso, la Administración local, que actúa en calidad de tal), pues sólo desde esta postura se puede frenar el avasallamiento sobre nuestros derechos laborales básicos que estamos sufriendo, no sólo las y los empleados públicos, sino también el conjunto de la Clase trabajadora de esta nación colonizada.
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